NUEVO ÉXITO DE MANOS LIMPIAS, NUEVO REVÉS PARA LA MAFIA SOCIALISTA: EL TSJ DE EXTREMADURA DESMONTA EL AFORAMIENTO EXPRÉS DE GALLARDO Y REACTIVA LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ.

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NUEVO ÉXITO DE MANOS LIMPIAS, NUEVO REVÉS PARA LA MAFIA SOCIALISTA: El TSJ de Extremadura desmonta el aforamiento exprés de Gallardo y reactiva la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez. – VOZ IBÉRICA (nueva epoca)

MANOS LIMPIAS

El 30 de junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado una resolución de enorme trascendencia política y judicial: rechaza asumir la competencia para juzgar a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, en la causa que investiga la presunta contratación irregular de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El tribunal devuelve el caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, dirigido por la juez Beatriz Biedma, y califica la maniobra de aforamiento de Gallardo como un “fraude de ley”.

Esta decisión, que da la razón a la denuncia de Manos Limpias, ha sido interpretada como un éxito para este sindicato y un duro revés para lo que muchos consideran prácticas de “mafia” política en el socialismo extremeño.

El caso: nepotismo, prevaricación y tráfico de influencias

La investigación judicial se remonta a 2017, cuando David Sánchez, conocido en el ámbito musical como David Azagra, fue contratado como coordinador de actividades para los conservatorios musicales de la Diputación de Badajoz. Según la instrucción, existen indicios de que la plaza fue creada “ad hoc” para él y posteriormente transformada en 2022 en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El sindicato Manos Limpias denunció el caso, que afecta también a otros nueve altos cargos de la Diputación, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La juez Biedma ha señalado en sus resoluciones que estos delitos suelen dejar pocos rastros directos, dada su naturaleza discreta. Entre las pruebas, figuran correos electrónicos que apuntan a la facilitación de la contratación de un amigo personal de Sánchez, Luis Carrero, como principal colaborador en 2023.

Relación de cercanía e indicios de trato de favor

Uno de los elementos más relevantes del auto de procesamiento es el reconocimiento explícito, por parte de la juez Beatriz Biedma, de la relación de cercanía e intimidad entre Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez. Este vínculo personal ha sido determinante, según la instructora, para la creación y adjudicación de un puesto de trabajo hecho a medida para el hermano del presidente del Gobierno, lo que constituye, en su análisis, un conjunto de ilícitos penales graves.

La juez fundamenta su decisión en correos electrónicos intervenidos que demuestran una relación personal más allá de lo laboral, con comidas informales y contacto frecuente, contradiciendo la versión de Gallardo. La instrucción considera que esta relación fue el motor de decisiones administrativas que, además de prevaricación, podrían suponer delitos de malversación de caudales públicos y manipulación de concursos.

Maniobra del aforamiento exprés: cronología y fundamentos judiciales

El punto de inflexión llegó en mayo de 2025, cuando, a punto de dictarse el auto de apertura de juicio oral contra Gallardo, este anunció su incorporación como diputado autonómico, lo que le otorgaba aforamiento ante el TSJEx. Para ello, una diputada socialista dimitió y los cuatro siguientes en la lista renunciaron el mismo día, en una secuencia notarial orquestada en la sede del partido. El tribunal destaca que estas renuncias, realizadas casi simultáneamente y ante notario, son indicativas de un plan “previamente concebido y organizado” para precipitar el aforamiento y eludir al juez ordinario predeterminado por la ley.

El auto del TSJEx es tajante:

“No estamos ante una sobrevenida adquisición de la condición de diputado, y por ende, de la de aforado, tras la celebración de elecciones a la Asamblea de Extremadura, sino ante una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la audiencia provincial”.

Impacto mediático y reacción de la sociedad civil

La resolución del TSJEx ha tenido un enorme eco mediático. Los principales medios nacionales y regionales han dedicado portadas, editoriales y análisis a la decisión, subrayando tanto el varapalo judicial al PSOE como la trascendencia institucional del caso. El relato del aforamiento exprés, la concatenación de renuncias ante notario y la devolución de la causa a la juez ordinaria han sido descritos como un ejemplo de “coreografía política” y “maniobra de blindaje”.

En el ámbito social, la reacción ha sido igualmente intensa:

• Concentraciones y protestas: En Madrid y en Extremadura se han celebrado concentraciones multitudinarias, bajo lemas como “Mafia o democracia” y “Extremadura no se calla. España no se rinde”.
• Movilización política: Líderes de la oposición han denunciado la corrupción y el uso del aforamiento como escudo para eludir la justicia, reclamando una regeneración democrática y la supresión de privilegios.
• Debate público: La sociedad civil y las organizaciones ciudadanas han reactivado el debate sobre la igualdad ante la ley y la necesidad de acabar con los aforamientos masivos. Plataformas como Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Vox y Abogados Cristianos han presentado escritos de acusación y han exigido penas de prisión para los implicados.

El caso ha servido de catalizador para una crítica transversal al sistema de privilegios judiciales de la clase política y ha reavivado la exigencia de reformas estructurales en la justicia y la administración pública.

Perspectivas de futuro: aforamientos y regeneración institucional

La resolución del TSJEx y la reacción social han puesto de nuevo sobre la mesa la urgencia de una reforma profunda del sistema de aforamientos en España. El debate ya no se limita al ámbito académico o parlamentario, sino que ha calado en la opinión pública y en la agenda de los partidos:

• Reforma constitucional pendiente: El Consejo de Europa ha exigido a España que suprima o limite drásticamente los aforamientos, alineándose con la tendencia europea de restringirlos solo a jefes de Estado y, en su caso, a delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
• Propuestas políticas: Algunos partidos han presentado propuestas para suprimir el aforamiento de todos los representantes públicos electos, eliminar los suplicatorios salvo para delitos estrictamente vinculados a la actividad política y endurecer los regímenes de incompatibilidades y sanciones.
• Plataformas judiciales y expertos: La Plataforma por la Independencia Judicial y otras asociaciones han reclamado una reforma constitucional que restrinja el aforamiento a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones del cargo, argumentando que la situación actual genera privilegios procesales injustificados y erosiona la confianza en la justicia.

En la práctica, la resistencia de los partidos mayoritarios y la complejidad de la reforma constitucional han impedido hasta ahora cualquier avance real. Sólo Canarias ha eliminado el aforamiento para sus cargos autonómicos, sin consecuencias negativas para la gobernabilidad.

La presión social, el escrutinio mediático y la exigencia de organismos internacionales, sin embargo, hacen prever que la cuestión de los aforamientos continuará siendo central en la agenda de regeneración institucional. El caso Gallardo ha demostrado que la sociedad civil y los jueces pueden actuar como contrapesos efectivos frente a los intentos de blindaje político y judicial.

Restricción de la acción popular y entrega de la instrucción a la Fiscalía: blindaje frente a la justicia independiente

El Gobierno y sus socios parlamentarios —socialistas, comunistas, herederos de ETA y separatistas— están impulsando una reforma legal que pretende restringir drásticamente la acción popular y entregar a la Fiscalía la instrucción e investigación de los procesos penales más sensibles (¿De quién depende la fiscalía? Pues «eso»). La finalidad última de estas reformas, según denuncian juristas y asociaciones independientes, sería dificultar la apertura de causas incómodas para el poder y blindar a los cargos públicos afines frente a la justicia independiente.

• Restricción de la acción popular: La propuesta limita la acción popular a casos con un vínculo concreto y relevante con el interés público, excluye a partidos, sindicatos y asociaciones profesionales, y restringe su intervención a la última fase del procedimiento. Esto supondría la “desnaturalización y vaciamiento” de una garantía institucional esencial para el control democrático y la participación ciudadana en la administración de justicia1.
• Entrega de la instrucción a la Fiscalía: El traspaso de la instrucción penal a la Fiscalía, dependiente jerárquicamente del Ejecutivo, podría facilitar el archivo de causas incómodas y dificultar el avance de investigaciones contra cargos públicos afines.
• Blindaje judicial y privilegios: Si, a pesar de todo, alguien acaba sentándose en el banquillo, siempre queda la posibilidad del indulto o la amnistía, como ha ocurrido en casos recientes.

La sociedad civil, los colegios profesionales y las asociaciones judiciales han alzado la voz contra este proceso de desmantelamiento de los contrapesos democráticos. El caso de la Diputación de Badajoz es reflejo de una inquietud más profunda: la percepción de que, en España, la igualdad ante la ley está siendo sustituida por un sistema de privilegios, blindajes y excepciones para quienes detentan el poder.

Manos Limpias como acusación popular: más allá de la corrupción mediática hay otras corrupciones solapadas

El papel de Manos Limpias como acusación popular ha sido fundamental para destapar y sostener causas judiciales de enorme relevancia, tanto mediáticas como silenciadas por los grandes medios. Su actividad, reconocida y también polémica, ha contribuido a democratizar la justicia y a evitar que la acción penal dependa exclusivamente de la Fiscalía, especialmente en contextos de posible politización o inacción institucional.

Logros mediáticos y menos visibles

• Caso Begoña Gómez: La imputación de la esposa del presidente del Gobierno, a instancia de Manos Limpias, cubrió durante semanas las portadas de los principales medios y generó repercusión internacional.
• Caso David Sánchez: La imputación del hermano del presidente, también a iniciativa de Manos Limpias, tuvo un eco mediático y político de primer orden.
• Caso Ábalos-Koldo: Manos Limpias fue clave en la denuncia y sostenimiento judicial de la trama Koldo, vinculada a la gestión de contratos públicos en la pandemia.
• Fiscal General del Estado: El escándalo que afectó al máximo responsable del Ministerio Fiscal tuvo su origen en una denuncia de Manos Limpias, recorriendo informativos nacionales e internacionales.
• Caso Santos Cerdán: Otro macroescándalo de corrupción destapado y sostenido por la acción popular de Manos Limpias.
• 11M, caso Nóos, ERE de Andalucía: El sindicato se ha personado en algunos de los procesos más importantes de la historia reciente de España.
• Caso Isabel García y “puntos violetas”: La exdirectora del Instituto de la Mujer, imputada por corrupción y dimitida tras denuncia de Manos Limpias.
• Directora del Centro Nacional del Cáncer: Dimisión por corrupción en el ejercicio del cargo, tras denuncia de Manos Limpias.
• Presidente del Tribunal Económico Central: Dimisión tras ser imputado por Fiscalía Anticorrupción, a raíz de denuncia de Manos Limpias.
• Denuncias sobre la Ley de Amnistía: El informe de la Comisión Europea remitido al TSJUE avala la denuncia de Manos Limpias sobre el fraude de ley en la aprobación de la amnistía.
• Red Eléctrica, servicios ferroviarios, cloacas de Moncloa, contratos de Barrabés con Begoña Gómez: Diversas denuncias en fase de instrucción o pendientes de resolución.

Casos menos mediáticos y corrupción solapada

Más allá de los grandes titulares, Manos Limpias ha denunciado y sostenido judicialmente casos de corrupción de menor escala pero de enorme importancia para el funcionamiento del Estado de Derecho:

• Denuncias contra responsables de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la gestión de la DANA.
• Querellas contra cargos del PP y del PSOE en ayuntamientos y diputaciones, logrando condenas e inhabilitaciones.
• Presencia en procesos de corrupción en la administración autonómica y local, muchas veces silenciados por los grandes medios.

Valoración y controversia

Aunque Manos Limpias ha sido objeto de críticas por el volumen y la naturaleza de algunas de sus denuncias, y por la orientación ideológica de su fundador, su papel como «vigilante judicial» y motor de la acción popular es reconocido incluso por quienes discrepan de sus postulados. Sin su intervención, muchos casos nunca habrían llegado a la fase de instrucción o juicio oral.

Los españoles exigen una justicia realmente igual para todos y regeneración

La resolución del TSJEx y la reacción social y mediática evidencian que la ciudadanía española exige una justicia verdaderamente igual para todos, sin privilegios ni excepciones. El caso de la Diputación de Badajoz y el aforamiento exprés de Gallardo han puesto de manifiesto las disfunciones de un sistema que, lejos de proteger la función pública, perpetúa una ciudadanía de dos velocidades y erosiona la confianza en las instituciones.

La regeneración institucional y la reforma de los aforamientos ya no pueden posponerse. La sociedad civil, la opinión pública y los organismos internacionales han señalado el camino: todos iguales ante la ley, sin excepciones ni privilegios para quienes ostentan el poder político o institucional.

El futuro de la justicia en España dependerá de la capacidad de la sociedad y sus instituciones para resistir los intentos de blindaje, defender la acción popular y garantizar que la ley se aplique, sin excepciones, a todos los ciudadanos.