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MANOS LIMPIAS EXIGE AL MINISTERIO DE DEFENSA QUE APLIQUE EL

MANOS LIMPIAS EXIGE AL MINISTERIO DE DEFENSA QUE APLIQUE EL

MANOS LIMPIAS EXIGE AL MINISTERIO DE DEFENSA QUE APLIQUE EL

MANOS LIMPIAS EXIGE AL MINISTERIO DE DEFENSA QUE APLIQUE EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN ANTE LA INVASIÓN DE CEUTA

Madrid, 14 de septiembre de 2026.— Manos Limpias ha instado formalmente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a aplicar el artículo 8 de la Constitución Española ante la situación provocada en Ceuta, que el sindicato califica abiertamente como una invasión desarrollada mediante procedimientos de guerra híbrida.

Al mismo tiempo, la organización que encabeza Miguel Bernad Remón ha presentado una denuncia penal contra la secretaria de Estado de Migraciones por aplicar la Ley de Extranjería a quienes participaron en la entrada masiva en Ceuta.

Para Manos Limpias, el Gobierno está cometiendo un error de raíz: tratar como un problema migratorio lo que constituye un ataque contra la soberanía, la independencia y la integridad territorial de España.

No se trata, sostiene el sindicato, de una avalancha migratoria convencional.

Se trata de una invasión.

Y una invasión no se resuelve repartiendo mantas, habilitando alojamientos, abriendo expedientes administrativos y aplicando mecánicamente la legislación de extranjería.

Se responde defendiendo la frontera.

UNA GUERRA SIN TANQUES

La guerra híbrida tiene precisamente esa característica: permite atacar a un Estado sin necesidad de enviar divisiones blindadas, bombarderos o soldados uniformados.

La presión migratoria organizada, tolerada o alentada desde el otro lado de una frontera puede convertirse en un arma.

Miles de personas pueden ser utilizadas para desbordar las fuerzas de seguridad, ocupar espacios públicos, paralizar servicios, sembrar inseguridad, alterar la vida cotidiana y poner a prueba la capacidad de resistencia de una ciudad.

Eso es lo que Manos Limpias sostiene que ha ocurrido en Ceuta.

No hace falta disparar un tiro para invadir un territorio.

Basta con conseguir que el Estado agredido renuncie a defenderlo como tal.

CEUTA NO ES UNA SALA DE ESPERA

El escrito dirigido a Margarita Robles describe una situación en la que numerosas personas permanecen en playas y diferentes puntos de la ciudad después de haber entrado ilegalmente en territorio español.

Para Manos Limpias, esos grupos no pueden seguir siendo tratados como si se tratase simplemente de personas pendientes de un expediente de extranjería.

El sindicato sostiene que participaron en una acción organizada contra una frontera española y que, por tanto, su situación debe analizarse desde la perspectiva de la defensa nacional.

La diferencia es esencial.

Un inmigrante irregular pretende entrar en un país.

Una masa humana utilizada como instrumento de presión contra un Estado cumple una función política y estratégica distinta.

Ese es el núcleo de la denuncia.

EL ARTÍCULO 8: DEFENDER LA SOBERANÍA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

Manos Limpias invoca expresamente el artículo 8 de la Constitución Española.

No un reglamento administrativo.

No una circular.

No un protocolo de acogida.

La Constitución.

El artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial.

Ceuta forma parte de España.

Por tanto, defender Ceuta significa defender la integridad territorial de España.

Eso es lo que el sindicato exige a la ministra de Defensa.

Que actúe.

Que deje de contemplarse lo sucedido exclusivamente desde la óptica migratoria.

Que se reconozca la dimensión nacional del problema.

Y que el Estado utilice los medios que posee para defender su frontera.

«PRESOS DE GUERRA»

El escrito firmado por Miguel Bernad va todavía más lejos.

Manos Limpias solicita que quienes participaron en la invasión sean considerados presos de guerra.

El sindicato sostiene que la entrada masiva se produjo en el contexto de una operación contra la soberanía española y denuncia, además, la utilización de mujeres y menores como escudos durante la invasión.

La petición a Defensa es clara.

Primero, considerar a los invasores presos de guerra.

Segundo, expulsarlos a Marruecos.

Tercero, exigir al Gobierno marroquí responsabilidades por lo ocurrido.

Y cuarto, reclamar las correspondientes indemnizaciones económicas por los daños ocasionados.

No se pide administrar mejor la crisis.

Se exige terminar con ella.

DENUNCIA CONTRA LA SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES

La ofensiva de Manos Limpias no se limita al Ministerio de Defensa.

El sindicato ha presentado también una denuncia penal contra la secretaria de Estado de Migraciones.

La razón es igualmente clara.

Según Manos Limpias, aplicar la Ley de Extranjería a los participantes en la invasión significa aceptar de antemano que España se enfrenta a un fenómeno migratorio.

El sindicato rechaza esa interpretación.

Su tesis es exactamente la contraria.

Si se trata de una guerra híbrida, tratar a quienes participaron en ella como simples inmigrantes irregulares supone falsear la naturaleza de los hechos y desarmar jurídicamente al Estado antes incluso de empezar a defenderse.

Ahí reside el fondo de la denuncia.

MARRUECOS, EN EL CENTRO DEL PROBLEMA

El escrito no elude la responsabilidad marroquí.

Manos Limpias exige que España reclame al Gobierno de Marruecos las responsabilidades correspondientes.

Y no sólo responsabilidades políticas.

También económicas.

Porque una frontera no se desborda sola.

Miles de personas no aparecen simultáneamente ante una valla por generación espontánea.

Toda operación de esa magnitud exige preguntarse quién permitió la concentración, quién toleró los movimientos, quién dejó de vigilar, quién abrió el paso, quién apartó a sus fuerzas de seguridad y quién obtuvo ventaja política de la presión ejercida sobre España.

Eso es precisamente lo que el Gobierno español tiene la obligación de esclarecer.

EL ERROR DE LLAMAR MIGRACIÓN A LO QUE ES UNA AGRESIÓN

Las palabras importan.

Y mucho.

Si lo sucedido en Ceuta se denomina «crisis migratoria», la respuesta consistirá en acogida, asistencia, expedientes, traslados y aplicación de la Ley de Extranjería.

Si se denomina guerra híbrida, el escenario cambia por completo.

Entonces hablamos de soberanía.

De defensa.

De integridad territorial.

De seguridad nacional.

De responsabilidades internacionales.

Y de la necesidad de impedir que el procedimiento vuelva a repetirse.

Porque si un Estado descubre que puede colocar contra una frontera española a miles de personas y lograr que España las reciba, alimente, atienda, aloje y distribuya por su territorio, habrá encontrado un método extraordinariamente barato para presionar a nuestro país.

CEUTA COMO BANCO DE PRUEBAS

Eso es precisamente lo que convierte el caso de Ceuta en algo mucho más grave que un episodio fronterizo.

Ceuta puede convertirse en un banco de pruebas.

Si la presión funciona, se repetirá.

Si el Estado español demuestra debilidad, la debilidad será explotada.

Si cada invasión termina transformándose administrativamente en inmigración irregular, el mensaje enviado al exterior resulta devastador.

La frontera deja de ser una frontera.

Se convierte en una puerta cuya apertura puede imponerse por saturación.

DEFENDER CEUTA ES DEFENDER ESPAÑA

La iniciativa de Manos Limpias obliga al Gobierno a enfrentarse a una cuestión que lleva demasiado tiempo tratando de esquivar.

Ceuta no es un problema periférico.

No es una cuestión local.

No es un expediente migratorio.

Ceuta es España.

Y cuando se vulnera su frontera se vulnera la frontera española.

Cuando se pone en peligro su soberanía se pone en peligro la soberanía nacional.

Cuando una potencia extranjera utiliza la presión humana como arma contra la ciudad, el asunto deja de pertenecer exclusivamente a Extranjería y pasa a pertenecer a la defensa de España.

Eso es exactamente lo que plantea Manos Limpias.

Y por eso ha señalado directamente a Margarita Robles.

El sindicato no le pide declaraciones.

Le pide decisiones.

No le pide discursos.

Le pide que cumpla con la obligación de defender la soberanía y la integridad territorial de España.

Y no reclama que el Gobierno gestione mejor una invasión.

Reclama que la impida.