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MANOS LIMPIAS DENUNCIA A FERNANDO GRANDE-MARLASKA POR HOMICIDIO IMPRUDENTE: CUATRO GUARDIAS CIVILES MUERTOS EN UNA LUCHA DESIGUAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO
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Manos Limpias denuncia a Marlaska por la muerte de los guardias civiles
Manos Limpias denuncia a Marlaska por las muertes de guardias civiles en Barbate y Huelva
Denuncian por homicidio imprudente a Marlaska
Manos Limpias denuncia a Marlaska por homicidio imprudente por la muerte de los guardias civiles
Manos Limpias denuncia a Marlaska por muertes en Barbate - CONGRESODIARIO
Manos Limpias denuncia a Marlaska por «homicidio imprudente» en la muerte de los guardias civiles de Huelva
Manos Limpias denuncia a Marlaska por homicidio imprudente - Crónica Económica
Cuatro guardias civiles muertos y un Estado incapaz de proteger a quienes lo defienden… El ministro ignoró durante años las advertencias sobre la falta de medios materiales y humanos para combatir a las narcolanchas en el sur de España.
La denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no gira alrededor de un simple error administrativo, ni de una discusión técnica para especialistas en papeles oficiales y retórica parlamentaria. La denuncia habla de algo mucho más grave y mucho más sencillo de entender: cuatro guardias civiles muertos mientras perseguían narcolanchas y unas asociaciones profesionales que llevaban años advirtiendo de que aquella lucha se desarrollaba en condiciones indignas, desiguales y suicidas.
El escrito, dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y firmado por Miguel Bernad Remón, acusa al ministro de un presunto delito de homicidio imprudente recogido en el artículo 142 del Código Penal. No lo acusa de empuñar un arma ni de pilotar una lancha. Lo acusa de algo políticamente mucho más demoledor: haber ignorado avisos reiterados acerca de la falta de medios humanos y materiales necesarios para combatir a mafias del narcotráfico cada vez más violentas, poderosas y mejor equipadas.
La cuestión central resulta imposible de disfrazar con palabras huecas: cuando un Estado manda a sus agentes a enfrentarse contra criminales mejor preparados, más rápidos y mejor dotados, no estamos ante simples “carencias”. Estamos ante abandono.
Barbate y Huelva: la misma tragedia repetida
El 3 de febrero de 2025 murieron dos guardias civiles en Barbate, provincia de Cádiz, mientras perseguían una narcolancha.
El 9 de mayo de 2026 murieron otros dos agentes en Huelva, igualmente en acto de servicio y también durante operaciones contra narcotraficantes.
Cuatro muertos.
Cuatro hombres enviados a una guerra para la que, según denuncian las propias asociaciones profesionales, no disponían de medios suficientes.
Entre ambos episodios, las organizaciones representativas de la Guardia Civil —JUCIL, AUGC y otras— repitieron una y otra vez el mismo mensaje:
“Nos sentimos abandonados.”
“Es preciso que se nos dote de medios personales y materiales adecuados.”
“Es una lucha desigual.”
No se trataba de frases retóricas. Eran advertencias directas. Avisos de gente que conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo en el Estrecho y en las costas andaluzas.
Mientras tanto, las mafias del narcotráfico aumentaban su poder económico, su capacidad logística y su sensación de impunidad.
El desmantelamiento de OCON Sur
La denuncia recuerda además una decisión especialmente polémica: la disolución en 2022 de OCON Sur, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico.
Aquella medida provocó enorme malestar dentro de la Guardia Civil. Muchos agentes la interpretaron como un desarme operativo precisamente en una de las zonas más castigadas por el narcotráfico en toda Europa.
Y la realidad terminó imponiéndose de la forma más brutal posible.
Las narcolanchas dejaron de comportarse como simples embarcaciones de contrabandistas. Actúan con agresividad creciente, desafían abiertamente a las fuerzas de seguridad y operan como organizaciones criminales que conocen perfectamente las limitaciones materiales de quienes intentan detenerlas.
Eso constituye uno de los aspectos más humillantes de todo este asunto: los delincuentes saben que, en demasiadas ocasiones, poseen mejores medios que quienes deben perseguirlos.
No fue una fatalidad
El núcleo jurídico de la denuncia descansa sobre una idea muy concreta: estas muertes no surgieron de un accidente imprevisible ni de una desgracia inevitable.
El escrito insiste en algo esencial: existían advertencias previas, conocimiento del riesgo y plena conciencia del peligro.
Las asociaciones profesionales avisaron. Los agentes denunciaron precariedad. Los hechos de Barbate demostraron la gravedad de la situación. Y aun así nada cambió de manera suficiente.
La denuncia habla de imprudencia grave por omisión. Traducido al castellano corriente: saber que existe un peligro evidente y no adoptar las medidas necesarias para impedir que acabe costando vidas.
Ésa es la cuestión decisiva.
Porque una cosa es no prever un riesgo remoto. Otra muy distinta consiste en ignorar un peligro denunciado repetidamente por quienes se juegan la vida sobre el terreno.
La costumbre española de actuar después del desastre
España padece desde hace décadas una enfermedad política muy concreta: actuar siempre después de la tragedia.
Primero llegan las advertencias. Después, los muertos. Más tarde, los homenajes solemnes. Luego las promesas. Y finalmente, el olvido.
Hasta la siguiente catástrofe.
Mientras tanto, quienes denuncian abandono suelen recibir silencio, desprecio o propaganda institucional disfrazada de información.
El problema del narcotráfico en el sur de España dejó hace tiempo de ser una cuestión secundaria. En determinadas zonas se ha convertido en una auténtica economía paralela alimentada por dinero inmenso, corrupción, miedo y ausencia efectiva del Estado.
Y cuando el Estado retrocede, otros ocupan el espacio.
Siempre ocurre igual.
La obscenidad de exigir heroísmo sin proporcionar medios
Resulta obsceno contemplar cómo se ensalza el heroísmo de los guardias civiles muertos mientras muchos responsables públicos llevan años ignorando las reclamaciones de quienes pedían medios adecuados.
LAS MEDALLAS PÓSTUMAS NO SUSTITUYEN A LAS EMBARCACIONES NECESARIAS. LOS DISCURSOS SOLEMNES NO REEMPLAZAN LA PROTECCIÓN MATERIAL. LAS BANDERAS A MEDIA ASTA NO IMPIDEN FUTURAS MUERTES.
El deber de un Estado no consiste únicamente en homenajear cadáveres. Consiste, sobre todo, en evitar que sus servidores acaben convertidos en cadáveres.
Y eso exige medios, respaldo político real y una voluntad firme de combatir a las mafias sin cálculos propagandísticos ni cobardías administrativas.
Enviar a guardias civiles, policías… mal equipados contra organizaciones criminales cada vez más violentas no constituye una simple torpeza. Constituye una irresponsabilidad gigantesca.
A continuación, el texto completo de la DENUNCIA:
A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DON MIGUEL BERNAD REMÓN, con D.N.I. ….. actuando como secretario general del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS, con domicilio en la calle …… 28008 de Madrid, como mejor proceda en Derecho, DIGO: I.- Que, por medio del presente escrito; en virtud de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante.” Formulo: DENUNCIA Contra el ministro del Interior, D. Fernando Grande Marlaska, por un presunto delito de HOMICIDIO IMPRUDENTE, a tenor de lo preceptuado en el artículo 142 del C. P. Artículo 142.
En definitiva, no se trata de una negligencia criminal, sino de una imprudencia criminal: así como la negligencia supone no percibir un riesgo sustancial, que una persona razonable habría reconocido; en cambio, la imprudencia significa que la persona conocía el riesgo y aun así lo ignora. EN MODO ALGUNO TRATAMOS DE JUDICIALIZAR LA ACTIVIDAD POLÍTICA. Hay comportamientos políticos que inciden en ilícitos penales y estos deben ser denunciados ante el órgano jurisdiccional competente, para que no se actúe con impunidad. En el caso que nos ocupa, existen indicios suficientes de la existencia de un presunto delito de homicidio imprudente. La denuncia, ni es temeraria ni está basada en recortes de prensa, con todo nuestro respeto hacia el periodismo de investigación que lucha, igualmente, contra la corrupción, en nuestro país. Es obvio que la denuncia, aunque los hechos hayan tenido cierta repercusión en los medios, ha estado muy limitada por la otra GRAN NOTICIA DEL BARCO HONDIUS, lo cierto es que no se trata de recortes de prensa. Por otro lado, tampoco se trata de una denuncia temeraria, dados los hechos objetivos que se relatan con elementos probatorios. Y finalmente, tampoco se puede considerar abuso del derecho cuando, en la situación actual de escándalos de corrupción judicializados, inundan los juzgados y tribunales. En virtud de lo que antecede, SOLICITO de esa SALA, Que teniendo por presentado este escrito, tenga por interpuesta por el COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS, la presente DENUNCIA, que se transformará en querella una vez se proceda a la apertura de las correspondientes diligencias penales. Por ser Justicia que pido en Madrid a 13 de mayo de 2026. Firmado: Miguel Bernad Remón Secretario General de Manos Limpias OTROSI:
DILIGENCIAS A PRACTICAR a) La declaración del denunciado. b) La testifical de los responsables de las asociaciones de la Guardia Civil, que alertaron al denunciado de la escasez de medios personales y materiales. c) Documental: Imágenes comparativas, aportadas por la Guardia Civil, tanto de las lanchas utilizadas por los cuatro difuntos, así como imágenes de las narcolanchas, en ambos sucesos. Es justicia que reitero. Firmado: Miguel Bernad Remón Secretario General de Manos Limpias
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