EL CASO BEGOÑA GÓMEZ: CUANDO LA POLÍTICA PRETENDE SITUARSE POR ENCIMA DE LA LEY

 POR CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

La renuncia del abogado Carlos Perales a la representación de Manos Limpias en el caso Begoña Gómez ha sido recibida por el aparato mediático gubernamental como la prueba —insisten ellos— de que la causa tenía un “componente político”. Y, como en una estudiada coreografía de propaganda, todos han repetido el mismo eslogan: “Esto se ha convertido en una controversia política y mediática”.

El comunicado de Manos Limpias, difundido tras la marcha de Perales, despeja parte del ruido. El sindicato denuncia “falta de confianza y de colaboración” del abogado con las otras acusaciones populares y subraya que las decisiones procesales se han adoptado “de forma colegiada bajo la dirección letrada de Hazte Oír”, siempre —dice— con el “más estricto respeto al Estado de Derecho”. A ello añade una acusación grave: el abogado saliente habría vulnerado el código ético de la abogacía.

Más allá de polémicas interesadas en desviar la atención de lo realmente importante, y que en el fondo constituyen un insulto a la inteligencia, lo que los medios afines al Gobierno —generosamente sostenidos, regados y alimentados con dinero de los contribuyentes— pretenden es cerrar un debate necesario e imprescindible mediante una simple frase “alquímica”, un truco semántico tan transparente como burdo: si algo tiene impacto político, dicen, entonces carece de legitimidad jurídica.

La renuncia de Perales: síntoma, no causa

La salida del abogado no invalida la causa.
No clausura los hechos investigados.
No elimina los indicios.
No borra la responsabilidad judicial de esclarecerlos.

A lo sumo, revela algo evidente: hay presiones, interferencias y tensiones mediáticas.
Y esas tensiones son inherentes al ecosistema político cuando una investigación afecta al círculo íntimo del poder.

Lo sorprendente —y casi grotesco— es que quienes llevan meses minimizando el asunto descubran ahora, con fingida ingenuidad, que “esto tiene repercusiones políticas”.
¿En serio?
¿Alguien esperaba lo contrario?

Lo que realmente está en juego

Este caso no es un rifirrafe televisivo ni un duelo de intereses corporativos.
Es un test democrático de primer orden.
Un examen de madurez institucional.
Una prueba de resistencia del Estado de Derecho frente a un Gobierno que ha convertido la comunicación política en un arte de camuflaje.

La pregunta decisiva es simple y devastadora:

¿Acepta el poder ser investigado con la misma normalidad con la que exige obediencia al resto de los ciudadanos?

Si la respuesta es no, entonces no estamos ante una controversia política.
Estamos ante algo más grave: la erosión de la igualdad ante la ley, el principio básico sin el cual un Estado deja de ser Estado y se convierte en aparato.

Conclusión: Política es todo aquello que importa. Y precisamente por eso la ley debe estar por encima de la política.

La politización no consiste en que un asunto afecte al Gobierno;
la politización consiste en pretender que dicho asunto no se investigue porque afecta al Gobierno.

Esa, y no otra, es la verdadera amenaza.
No es la justicia “invadiendo” la política; es la política intentando colonizar la justicia mediante un truco retórico.

Lo legal no deja de ser legal porque sea político.
Lo político no deja de ser político porque sea legal.
Esa interacción constante entre poder y legalidad es la que define la civilización jurídica occidental.

En un país serio, el poder no decide cuándo quiere ser investigado.
Y cuando un gobierno o su entorno pretende lo contrario, lo que está en cuestión no es un caso judicial, sino la salud de la democracia misma.