MANOS LIMPIAS DENUNCIA A LYDIA DEL CANTO Y ÓSCAR PUENTE POR LA FILTRACIÓN DE LOS AUDIOS DE URDA: ¿QUIÉN PRETENDÍA CARGAR A LOS FERROVIARIOS CON LAS CULPAS DE UNA CATÁSTROFE DE 69 MUERTOS? – voziberica.com

La organización dirigida por Miguel Bernad Remón acude a los juzgados para exigir que se investigue la filtración de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha. La denuncia señala a la secretaria de Estado de Comunicación como presunta autora material y al exministro de Transportes como presunto inductor. En el fondo de este asunto aparece una pregunta demoledora: ¿se utilizaron las grabaciones para construir apresuradamente una versión del accidente que descargara las responsabilidades políticas y administrativas sobre los trabajadores?

Sesenta y nueve muertos. Sesenta y nueve familias destrozadas. Un nuevo desastre ferroviario que ha vuelto a convertir las vías españolas en escenario de muerte, dolor y desolación. Y, mientras todavía se intentaba comprender qué había sucedido en Urda, determinadas grabaciones de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha acabaron en manos de algunos medios de comunicación.

¿Quién las entregó? ¿Quién tenía acceso a ellas? ¿Quién decidió qué fragmentos debían difundirse? ¿Quién se beneficiaba de que la atención pública se concentrara en las posibles equivocaciones de los ferroviarios, en lugar de examinar las responsabilidades de quienes dirigen, administran y vigilan la seguridad del ferrocarril español?

Estas preguntas constituyen el núcleo de la denuncia que Manos Limpias, mediante su Secretario General, Miguel Bernad Remón, ha anunciado este 9 de noviembre de 2026 ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.

La organización señala directamente a Lydia del Canto Soriano, secretaria de Estado de Comunicación, como presunta autora material de la filtración, y a Óscar Puente, exministro de Transportes, como presunto inductor.

No se trata de una simple discusión sobre quién habló con un periodista. Se trata de averiguar si se utilizaron informaciones relacionadas con una investigación sobre una catástrofe ferroviaria para orientar la opinión pública hacia una explicación conveniente para quienes ostentaban el poder.

Y semejante posibilidad resulta demasiado grave para despacharla con un comunicado ministerial, una comparecencia parlamentaria o una dimisión.

LOS AUDIOS DE LA VERGÜENZA: ¿INFORMAR O BUSCAR UN CABEZA DE TURCO?

Las grabaciones de las comunicaciones ferroviarias existen por una razón: permitir reconstruir los acontecimientos, comprobar las órdenes impartidas y determinar las responsabilidades cuando algo sale mal.

Son instrumentos destinados a esclarecer los hechos, no piezas de propaganda al servicio de los gobernantes.

En Urda, las conversaciones difundidas permitieron conocer algunos de los intercambios mantenidos entre Atocha y los maquinistas durante los minutos anteriores a la tragedia.

Pero una conversación aislada no explica por sí sola un accidente ferroviario.

Para comprender lo sucedido es imprescindible conocer el estado de los sistemas de seguridad, las averías registradas, las señales disponibles, los procedimientos establecidos, las instrucciones transmitidas y las decisiones de quienes tenían a su cargo la circulación.

También hay que averiguar qué órdenes se dieron, quién las autorizó y si los trabajadores disponían de los medios necesarios para cumplirlas.

Por eso resulta especialmente preocupante la denuncia de que determinados fragmentos de aquellas conversaciones pudieron difundirse de manera interesada, dando protagonismo a los posibles errores humanos y relegando a un segundo plano las deficiencias de organización y seguridad.

Porque, cuando sucede una catástrofe semejante, lo más cómodo para los responsables políticos es encontrar cuanto antes a alguien situado en los escalones inferiores de la organización sobre quien descargar las culpas.

Un maquinista. Un controlador. Un encargado de circulación. Cualquiera que permita presentar la tragedia como consecuencia de una equivocación individual y no como resultado de una cadena de decisiones, incumplimientos o negligencias.

Es una vieja tentación del poder: las medallas se reparten por arriba y las responsabilidades se descargan por abajo.

Y precisamente por eso resulta indispensable averiguar quién filtró las grabaciones y con qué propósito.

EL ARTÍCULO 417 DEL CÓDIGO PENAL: LOS SECRETOS OFICIALES NO SON PROPIEDAD PARTICULAR DE LOS GOBERNANTES

Manos Limpias considera que la conducta denunciada puede constituir un delito previsto en el artículo 417 del Código Penal.

Este precepto castiga a las autoridades y funcionarios públicos que revelan informaciones conocidas por razón de su cargo y que no deben divulgarse.

La ley establece multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y contempla penas de prisión cuando la revelación ocasiona un grave daño a la causa pública o a terceros.

Conviene recordar algo elemental: quienes ocupan cargos públicos no son propietarios de los documentos, las grabaciones ni las informaciones que reciben como consecuencia de sus responsabilidades.

Son sus custodios.

Y esa obligación adquiere una importancia extraordinaria cuando se trata de documentos relacionados con la muerte de decenas de personas.

Si una autoridad utiliza información sometida a reserva para favorecer determinados intereses políticos, no estamos ante una simple indiscreción ni ante una travesura administrativa.

Estamos ante una conducta que exige depurar responsabilidades y aplicar las consecuencias previstas por la ley.

Eso es lo que pretende Manos Limpias con su denuncia.

LYDIA DEL CANTO Y ÓSCAR PUENTE: LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA NO DESAPARECE CON UNA DIMISIÓN

La denuncia coloca en el centro de la controversia a dos personas que desempeñaban importantes responsabilidades en el aparato gubernamental.

Lydia del Canto, como secretaria de Estado de Comunicación, ocupa un puesto directamente relacionado con la información que el Gobierno transmite a los ciudadanos.

Óscar Puente, por su parte, era el máximo responsable político del Ministerio de Transportes cuando ocurrió la tragedia.

Su posterior dimisión no borra los hechos ni convierte automáticamente en irrelevantes las decisiones adoptadas durante su mandato.

Una dimisión puede poner fin a una carrera ministerial. No determina por sí sola si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Y tampoco sirve para explicar por qué unas conversaciones relacionadas con un accidente de semejante gravedad terminaron difundidas de la manera que denuncia Manos Limpias.

La organización atribuye a Del Canto la intervención material en la filtración y señala a Puente como posible responsable de haberla impulsado.

De ahí la exigencia de que se investiguen los accesos a las grabaciones, su custodia, las comunicaciones mantenidas y las circunstancias de su entrega a terceros.

Porque las responsabilidades no deben agotarse en quien pulsa una tecla, extrae un archivo o facilita una copia. También deben alcanzar, cuando las pruebas lo demuestran, a quien da la orden.

ADAMUZ, URDA Y LA COSTUMBRE DE NO RESPONDER POR NADA

El accidente de Urda no cayó del cielo.

Llegó después de la tragedia de Adamuz, en una sucesión de acontecimientos que obliga a examinar con rigor el funcionamiento del sistema ferroviario español.

Durante décadas, los distintos gobiernos han presentado la alta velocidad como una de las grandes conquistas de la España moderna.

Inauguraciones solemnes, discursos triunfalistas, fotografías de ministros, presidentes y altos cargos junto a trenes relucientes. Una interminable exhibición de kilómetros construidos y cantidades astronómicas de dinero público gastado.

Pero las infraestructuras ferroviarias no se mantienen con discursos.

Necesitan inversiones bien administradas, mantenimiento constante, personal preparado, sistemas fiables y procedimientos que funcionen precisamente cuando aparece una avería.

La seguridad no depende de la propaganda ministerial.

Y cuando se produce una tragedia, las primeras explicaciones no deben consistir en buscar apresuradamente al último trabajador que intervino antes del desastre.

Hay que comenzar por examinar toda la cadena de responsabilidades, desde quienes trabajan sobre el terreno hasta quienes disponen del presupuesto, aprueban los procedimientos, nombran a los responsables y administran el sistema.

El poder político no puede reservarse el privilegio de inaugurar las obras y trasladar después todas las culpas a los subordinados cuando llegan las desgracias.

Si se confirma que las grabaciones de Urda fueron difundidas interesadamente para favorecer ese reparto de responsabilidades, estaremos ante una actuación especialmente censurable.

Y quienes participaron en ella deberán responder.

SESENTA Y NUEVE MUERTOS MERECEN ALGO MÁS QUE PROPAGANDA Y EXPLICACIONES A MEDIAS

Las víctimas de Urda no necesitan que les expliquen cuántos kilómetros de alta velocidad se han construido en España.

Tampoco necesitan que los responsables políticos se feliciten mutuamente por haber comparecido ante los medios, anunciado investigaciones o presentado dimisiones.

Necesitan conocer la verdad.

Necesitan saber por qué fallaron los mecanismos que debían impedir la catástrofe, qué decisiones precipitaron el choque, qué órdenes se impartieron y qué responsabilidades corresponden a cada uno de los intervinientes.

Y necesitan saber, también, por qué determinadas grabaciones acabaron en manos de la prensa.

La transparencia no consiste en escoger unos cuantos fragmentos de conversaciones para ponerlos en circulación cuando conviene.

Consiste en facilitar el esclarecimiento completo de los hechos, sin ocultaciones, sin manipulaciones y sin utilizar a los trabajadores como escudos de los responsables superiores.

Manos Limpias ha puesto sobre la mesa una cuestión que merece una respuesta judicial: ¿quién filtró los audios de Urda y para qué?

La investigación deberá remontarse hasta el origen de las grabaciones, reconstruir su recorrido y determinar quién ordenó o permitió su difusión.

No bastará con identificar al último eslabón de la cadena si detrás hubo instrucciones de responsables superiores.

Y tampoco bastará con dar por cerrado el asunto porque Óscar Puente haya dejado de ser ministro.

En España se ha extendido una peligrosa costumbre: convertir las responsabilidades políticas en un ejercicio de representación teatral. Se comparece, se pronuncian unas palabras de pesar, se anuncia una investigación y, con un poco de suerte, el paso de las semanas acaba sepultando el asunto bajo nuevas noticias.

Pero sesenta y nueve muertos no son una noticia destinada a desaparecer del primer plano cuando deje de resultar cómoda.

Son sesenta y nueve razones para exigir explicaciones.

Son sesenta y nueve razones para investigar hasta el último extremo.

Y son sesenta y nueve razones para impedir que cualquier responsable político, por poderoso que sea, pueda utilizar una tragedia para fabricar una explicación conveniente y marcharse después sin responder por sus actos.

La denuncia de Manos Limpias exige que los juzgados examinen lo sucedido con las grabaciones. La investigación de la catástrofe exige esclarecer las causas del accidente. Ambas cuestiones merecen llegar hasta el final.

Porque si algo resulta verdaderamente intolerable, además de una catástrofe que ha costado decenas de vidas, es la posibilidad de que alguien haya pretendido aprovecharla para eludir responsabilidades.

Y porque, en una nación que se proclama Estado de Derecho, los gobernantes también están obligados a responder ante los tribunales.

La verdad sobre Urda no puede enterrarse junto a sus muertos.

LA JUEZ DEL N° 2 DE CEUTA EXIGE 1.500€ DE FIANZA, POR LA QUERELLA CONTRA LA MINISTRA DE SANIDAD, POR COCCIONES A LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CEUTA,  PARA SILENCIAR EL COLAPSO SANITARIO Y LAS ENFERMEDADES TRAÍDAS POR LOS INVASORES. SE PRECISAN DONATIVOS.