EL TRIBUNAL SUPREMO SE DEJA ROBAR LA CARTERA

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MIGUEL BERNAD REMÓN, MANOS LIMPIAS

La Ley de Amnistía es nula de pleno derecho y se aprobó estando ya contaminada desde su gestación.

GESTACIÓN

La Ley de Amnistía, se gestó en Ginebra en reuniones con el golpista catalán prófugo, Carlos Puigdemont. En esas reuniones se diseñó una ley, que tenía como objetivo burlar, la sentencia del Tribunal Supremo de España, mediante la que se condenó a los separatistas que proclamaron la republica catalana en 2017.

Los emisarios del Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez para diseñar-pactar la Ley de «autoamnistía», fueron Santos Cerdán y Félix Bolaños.

En ese momento, de intento de diseño, de planificación de la burla de la sentencia del Tribunal Supremo, el tribunal estaba obligado a actuar quienes pretendían un acto claro de obstrucción a la justicia, y por colaboración con un prófugo, acciones claramente delictivas.

MANOS LIMPIAS denunció este grave hecho y la Sala 2ª del Tribunal Supremo decidió no intervenir, dejar hacer…

APROBACIÓN DE LA LEY EN EL CONGRESO DE DIPUTADOS

Antes de aprobarse la Ley que había sido diseñada, pactada con anterioridad en Ginebra entre los golpistas y el gobierno de Pedro Sánchez, MANOS LIMPIAS dirigió un escrito a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, advirtiéndola de que los Diputados de JUNTS y de ERC, estaban obligados a abstenerse por ser beneficiarios, y por haber diseñado una ley de autoamnistía a la carta.

En el escrito que MANOS LIMPIAS remitió a la Presidenta del Congreso de los Diputados, se solicitaba también que se le diera traslado del mismo a la totalidad de los grupos políticos con representación en el Parlamento.

Francina Armengol hizo caso omiso y la Ley se acabó aprobando con los votos de JUNTS y de ERC.

“Una Ley a la carta de los golpistas beneficiarios”.

“Una Ley que vulnera la Sentencia del Tribunal Supremo”.

“Una ley que vulnera el principio de separación de poderes y el principio de igualdad”.

“Una ley que vulnera el principio de ejecución de sentencia”.

“Una ley, en definitiva que vulnera el Estado de Derecho”.

“Una ley que se aprobó con los votos de los golpistas en su propio beneficio”.

“Una ley que no es ley, puesto que el principio de toda normativa es la generalidad y no la individualidad”.

LA COMISIÓN EUROPEA Y EL TJUE

La Comisión Europea elabora un informe que eleva al TJUE. En ese informe recoge los argumentos de Manos Limpias. Autoamnistía, y que se aprobó con los votos de JUNTS y de ERC, que nunca tenían que haber votado una ley a la carta, para sus propios beneficiarios.

La Comisión Europea ha alegado este martes, 15 de julio, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que «no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».

El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, ha añadido que las autoridades españolas «no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia» de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo invocado de reconciliación.

«Por otro lado, también existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la Ley sean claras y precisas y lo cierto es que el legislador español tampoco atendió las recomendaciones de la Comisión de Venecia a este respecto», ha señalado Urraca. «En particular, si como lo sostiene el Tribunal de Cuentas, la Ley de Amnistía da lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto de la ley, entonces no se cumpliría este requisito de que las normas sean claras y precisas».

La Comisión se ha expresado así en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha celebrado este martes sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 ex altos cargos de la Generalidad, entre ellos los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas. En este sentido, el abogado de la Comisión ha afirmado que no existe «un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión».

No obstante, el representante del Ejecutivo comunitario ha censurado además la obligación de aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses, porque eso podría haber impedido al Tribunal de Cuentas investigar si se utilizaron fondos europeos en el procés, lo que en principio quedaría fuera del ámbito de la Ley.

«Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal», ha señalado el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL APRUEBA LA LEY

Con cuatro votos discrepantes frente a 6, y sin esperar a la resolución del TJUE.

Esta es la segunda vez que el Tribunal Supremo de España se deja robar la cartera.

La primera vez, fue con ocasión de la ilegalización de Bildu por parte del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, revocó la sentencia del Tribunal Supremo y dio avaló la legalición de Bildu.

Se presentó una querella, por parte de varias entidades, entre ellas MANOS LIMPIAS, contra los Magistrados del Tribunal Constitucional y ésta fue rechazada por el Tribunal Supremo.

Ahora, volveremos a emprender una nueva acción judicial, por parte de MANOS LIMPIAS, y mucho nos tememos que acabe ocurriendo lo mismo.

El Tribunal Supremo tiene una oportunidad histórica para parar impedir un nuevo golpe al Estado de Derecho, una oportunidad de parar este golpe a la independencia judicial, este golpe al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

No valen lamentaciones, no valen manifiestos, no valen huelgas, lo que vale y es determinante, es tener la valentía para enjuiciar a unos Magistrados del Tribunal Constitucional que le han robado descaradamente la cartera (mediante una sentencia) al más alto tribunal jurisdiccional de España.

Miguel Bernad Remón.