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MANOS LIMPIAS PIDE QUE EL SUPREMO INVESTIGUE A PEDRO SÁNCHEZ

CUANDO LAS CLOACAS DEJAN DE SER UNA METÁFORA 

Durante años, la expresión «cloacas del Estado» ha sido utilizada de manera indiscriminada para describir operaciones oscuras, maniobras de intoxicación informativa, espionajes, filtraciones interesadas o actuaciones presuntamente ilegales realizadas desde estructuras de poder político o administrativo. Con frecuencia el término ha sido empleado como simple arma propagandística para desacreditar al adversario.

Sin embargo, cuando es un órgano judicial quien incorpora a una resolución referencias a actuaciones coordinadas destinadas a interferir en procedimientos judiciales, la cuestión deja de pertenecer al terreno de la especulación política para adentrarse en el ámbito de la investigación penal.

Precisamente en ese punto sitúa el Sindicato Manos Limpias su última iniciativa procesal.

Su secretario general, Miguel Bernad Remón, ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que eleve una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que los hechos investigados en el denominado «caso Leire Díez» pueden apuntar a una eventual responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El núcleo de la petición

La tesis defendida por Manos Limpias resulta relativamente sencilla desde el punto de vista procesal.

Si durante la investigación se han obtenido indicios de que determinadas actuaciones desarrolladas desde el entorno gubernamental tenían por finalidad interferir, obstaculizar o neutralizar procedimientos judiciales que afectaban a familiares directos del presidente del Gobierno, la organización considera que resulta imposible comprender plenamente los hechos sin analizar quién ordenó, impulsó o autorizó dichas actuaciones.

Según la nota difundida por Manos Limpias, el auto dictado por el juez Pedraz describe la participación de las denominadas «cloacas de Moncloa» en operaciones encaminadas a proteger a Begoña Gómez y David Sánchez frente a las investigaciones judiciales que les afectaban.

Partiendo de esa premisa, el sindicato sostiene que existirían motivos suficientes para determinar si tales actuaciones respondieron a iniciativas individuales de determinados colaboradores o si, por el contrario, obedecían a instrucciones procedentes de niveles superiores de responsabilidad política.

La diferencia no es menor.

En el primer supuesto estaríamos ante actuaciones autónomas de funcionarios, asesores o colaboradores.

En el segundo, la investigación alcanza a autoridades aforadas cuya competencia corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo.

La figura de la exposición razonada

El mecanismo jurídico solicitado por Manos Limpias no constituye una condena ni una declaración de culpabilidad.

Se trata de una institución procesal prevista precisamente para los casos en que un juez instructor aprecia indicios que afectan a una persona aforada sobre la que carece de competencia para investigar directamente.

En tal situación, el instructor puede remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo explicando los hechos investigados, los indicios obtenidos y las razones por las que considera procedente que el alto tribunal asuma la investigación.

Corresponde posteriormente al Supremo decidir si tales indicios justifican o no la apertura de actuaciones.

Por tanto, la petición formulada por Manos Limpias no implica solicitar una condena anticipada, sino promover que el órgano judicial competente valore la eventual existencia de responsabilidades penales.

La cuestión política de fondo

Más allá de los aspectos estrictamente jurídicos, el asunto plantea una cuestión de enorme trascendencia institucional.

En cualquier democracia digna de tal nombre, la utilización de recursos públicos para proteger a familiares de gobernantes frente a investigaciones judiciales constituiría un hecho extraordinariamente grave.

No se trataría únicamente de un problema de posible corrupción.

Afectaría al principio de igualdad ante la ley.

El fundamento mismo del Estado de Derecho descansa sobre una premisa elemental: que el ciudadano común y quien ocupa la presidencia del Gobierno deben quedar sometidos a las mismas normas jurídicas y a los mismos procedimientos judiciales.

Cuando desde el poder se intenta alterar esa igualdad, el daño trasciende al caso concreto.

Lo que se erosiona es la confianza pública en la imparcialidad de las instituciones.

¿Una actuación aislada o un sistema?

La gran incógnita consiste precisamente en determinar si los hechos investigados responden a actuaciones individuales o si forman parte de una estructura organizada destinada a influir sobre procedimientos judiciales sensibles para el Gobierno.

Ésta es la cuestión central.

Si la investigación demostrara la existencia de una estrategia coordinada para obtener información, desacreditar testigos, presionar investigadores o neutralizar procedimientos judiciales, el problema dejaría de afectar únicamente a determinadas personas concretas.

Pasaría a afectar al funcionamiento mismo del Estado.

Por ello resulta esencial que cualquier investigación alcance hasta donde conduzcan los hechos y las pruebas, sin límites derivados de la posición política de los posibles implicados.

La independencia judicial pierde todo significado si existen personas situadas por encima del alcance efectivo de la ley.

La necesidad de llegar hasta el final

En una sociedad libre no corresponde a los partidos políticos decidir quién debe ser investigado.

Tampoco corresponde a los medios de información absolver o condenar anticipadamente.

Esa función pertenece exclusivamente a los tribunales.

Precisamente por ello, si existen indicios suficientes para justificar una exposición razonada al Tribunal Supremo, ésta debe formularse.

Y si tales indicios no existen, también debe explicarse con claridad.

La transparencia constituye la mejor protección frente a la sospecha permanente.

Porque el verdadero problema no reside únicamente en la posible existencia de unas cloacas.

El problema aparece cuando los ciudadanos empiezan a creer que determinadas personas disponen de mecanismos para escapar al control de la justicia.

Cuando esa percepción se instala en la sociedad, el deterioro institucional ya ha comenzado.

Y reconstruir la confianza resulta siempre mucho más difícil que destruirla.

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https://www.youtube.com/watch?v=TlGfGnUmqz4

https://voziberica.com/manos-limpias-pide-al-juez-pedraz-que-investigue-la-posible-implicacion-de-pedro-sanchez-debe-el-caso-leire-diez-llegar-al-tribunal-supremo/

https://www.abc.es/espana/piden-leire-eleve-supremo-impute-pedro-sanchez-20260601141819-nt.html

https://www.elimparcial.es/noticia/298044/nacional/la-acusacion-pide-al-juez-pedraz-elevar-el-caso-leire-al-ts-para-que-se-impute-a-sanchez.html

https://www.eldebate.com/espana/20260601/manos-limpias-pide-caso-leire-investigue-supremo-poder-imputar-sanchez_423888.html

https://www.eldiario.es/politica/manos-limpias-pide-pedraz-eleve-caso-leire-diez-supremo-impute-pedro-sanchez_1_13265794.html

https://okdiario.com/espana/manos-limpias-pide-que-supremo-investigue-one-sanchez-como-inductor-cloacas-del-psoe-17394918

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