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MANOS LIMPIAS EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE RECLAME A UGT LOS 18,3 MILLONES DE EUROS Y QUE SUSPENDA SUS SUBVENCIONES
MANOS LIMPIAS reclama que UGT nacional responda también de la devolución del dinero público y solicita que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudien la posible ilegalización de UGT Andalucía, teniendo en cuenta los antecedentes de los cursos de formación y el escándalo de los ERE.
Miguel Bernad Remón
Secretario General del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.
Madrid, 26 de octubre de 2026.
El Sindicato Manos Limpias ha dirigido un escrito al presidente de la Junta de Andalucía para exigir que la Administración autonómica actúe sin más dilaciones contra UGT Andalucía, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado su recurso de casación y haya quedado firme la obligación de devolver 18.319.183,71 euros procedentes de subvenciones públicas destinadas a cursos de formación.
La resolución, fechada el 5 de octubre de 2026 y conocida públicamente el día 20, confirma el reintegro de 13.118.971,22 euros de principal y 5.200.212,49 euros en intereses de demora.
Para Manos Limpias, que ya denunció en su día las irregularidades relacionadas con los cursos de formación de UGT, esta decisión judicial obliga a pasar de las palabras a los hechos.
El dinero público debe volver a las arcas públicas. Y quienes lo recibieron indebidamente deben responder de su devolución.
Dieciocho millones que no pertenecen a ningún sindicato
Durante años, las ayudas públicas destinadas a la formación profesional de personas desempleadas han constituido una fuente de financiación millonaria para determinadas organizaciones sindicales y empresariales.
Unos recursos que tenían una finalidad concreta: mejorar las posibilidades de encontrar empleo de miles de trabajadores.
Sin embargo, las irregularidades descubiertas en la gestión y justificación de parte de esas subvenciones han dado lugar a investigaciones, reclamaciones administrativas y procedimientos judiciales.
En el asunto ahora resuelto, el Tribunal Supremo ha confirmado que determinadas mejoras salariales abonadas a trabajadores de UGT Andalucía no podían financiarse con las subvenciones recibidas. La sentencia establece que los gastos subvencionables deben responder a las necesidades estrictas de la actividad financiada y que las mejoras retributivas voluntarias deben pagarse con fondos propios.
La cuestión resulta especialmente grave porque estamos hablando de dinero procedente de los impuestos de los españoles.
No de cuotas sindicales. No de donativos particulares. No de aportaciones voluntarias de afiliados.
Dinero público cuya utilización debe justificarse hasta el último céntimo.
Manos Limpias reclama responsabilidades a UGT nacional
En su escrito, Miguel Bernad Remón solicita expresamente que la Junta de Andalucía requiera a UGT Andalucía el pago de los 18,3 millones de euros y que examine también las responsabilidades que puedan corresponder a la organización sindical de ámbito nacional.
Manos Limpias considera que no basta con limitar la reclamación a la estructura territorial andaluza si existen fundamentos jurídicos para exigir responsabilidades económicas a otras entidades de la organización.
Por ello, reclama que se examine la posibilidad de exigir a UGT nacional una responsabilidad subsidiaria, con el propósito de garantizar la recuperación de las cantidades adeudadas.
Esta petición constituye una exigencia de Manos Limpias, no una responsabilidad de UGT nacional declarada en la sentencia citada.
La organización entiende que los vínculos entre las distintas estructuras del sindicato deben examinarse para impedir que una eventual insuficiencia patrimonial frustre la recuperación del dinero público.
Ni un euro más en subvenciones mientras no se depuren las responsabilidades.
Una de las exigencias más contundentes del escrito consiste en reclamar al Gobierno andaluz que suspenda cautelarmente cualquier subvención destinada a UGT Andalucía.
Manos Limpias considera inadmisible que una organización obligada judicialmente a devolver más de dieciocho millones de euros pueda continuar recibiendo ayudas públicas sin que antes se examinen sus obligaciones pendientes.
La propuesta es inequívoca:
Suprimir cautelarmente las subvenciones a UGT Andalucía, con arreglo a los procedimientos legales aplicables, hasta que se esclarezca y regularice su situación frente a la Hacienda autonómica.
No se trata, a juicio del sindicato denunciante, de cuestionar la libertad sindical ni el derecho de los trabajadores a organizarse y defender sus intereses.
Se trata de algo bastante más elemental: exigir que las organizaciones que reciben dinero de los contribuyentes respondan de su utilización y de las obligaciones de reintegro que les impongan los tribunales.
El escándalo de los ERE y la exigencia de estudiar la ilegalización
El escrito de Miguel Bernad Remón incorpora una petición adicional de especial trascendencia.
Mediante un otrosí, solicita que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudien la posibilidad de promover la ilegalización de UGT Andalucía, atendiendo tanto a las irregularidades en los cursos de formación como a las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones relacionadas con el escándalo de los ERE andaluces.
La organización considera que la acumulación de escándalos relacionados con la administración de fondos públicos exige examinar todas las responsabilidades que permita el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, la devolución de subvenciones acordada por el Supremo no supone, por sí misma, una declaración judicial que permita ilegalizar un sindicato. Esa medida exigiría causas legales específicas y el correspondiente procedimiento judicial.
La reclamación de Manos Limpias es, por tanto, que los servicios jurídicos autonómicos analicen si concurren motivos suficientes para promover actuaciones de esa naturaleza.
UGT anuncia que acatará la sentencia
Tras conocerse la resolución, el secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, manifestó el 21 de octubre que la organización asumiría el pronunciamiento judicial.
El dirigente sindical sostuvo que nadie se había enriquecido personalmente con los hechos de 2007 y explicó que los servicios jurídicos estaban estudiando cómo afrontar las consecuencias económicas de la sentencia.
Pero para Manos Limpias lo decisivo no son las explicaciones ni las declaraciones públicas.
Lo decisivo es que los 18,3 millones de euros sean efectivamente recuperados por la Junta de Andalucía.
Porque acatar una sentencia no puede quedarse en anunciar que se respeta. Hay que cumplirla.
Manos Limpias exige hechos, no declaraciones.
El escrito remitido al presidente de la Junta de Andalucía plantea unas exigencias concretas: reclamar la devolución íntegra de los fondos, estudiar la responsabilidad económica de UGT nacional, suspender cautelarmente nuevas subvenciones cuando proceda y examinar las posibles actuaciones judiciales adicionales.
La organización sindical considera que los poderes públicos no pueden mostrarse implacables con los pequeños contribuyentes mientras toleran demoras injustificadas en la recuperación de cantidades millonarias exigibles a organizaciones poderosas.
La igualdad ante la ley exige que las obligaciones de reintegro se cumplan con independencia de la influencia política, económica o sindical del deudor.
Y exige también que las instituciones encargadas de defender el patrimonio público ejerzan todas las acciones que legalmente correspondan.
Dieciocho millones de euros no son una anécdota contable. Son dieciocho millones que pertenecen a los contribuyentes y que deben regresar a las arcas públicas.
Por ello, Manos Limpias reclama al Gobierno de Andalucía una actuación inmediata y eficaz.
Porque la mejor manera de combatir la utilización irregular de las subvenciones públicas es impedir que sus consecuencias económicas acaben recayendo, una vez más, sobre quienes pagan los impuestos.
Secretario general del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias
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