MIGUEL BERNAD REMÓN, SECRETARIO GENERAL DE MANOS LIMPIAS: «EN CEUTA SE SABÍA LO QUE PODÍA OCURRIR Y NO SE TOMARON LAS MEDIDAS NECESARIAS»

12 de agosto de 2026

«Grande-Marlaska dijo que no había recibido alertas. Nosotros sostenemos que las hubo. Si se demuestra que las conocía, mintió»

El secretario general de Manos Limpias habla con VOZ IBÉRICA sobre Ceuta, Marruecos, Mohamed VI, los avisos del CNI, CIFAS y FRONTEX, Pedro Sánchez, Pegasus, el Sáhara Occidental, David Sánchez, la Diputación de Badajoz, la DANA y la independencia de la Justicia

Entrevista de Carlos Aurelio Caldito Aunión
Director de VOZ IBÉRICA

Miguel Bernad Remón lleva muchos años ocupando un lugar incómodo: frente al poder.

Como Secretario General de Manos Limpias ha promovido denuncias y querellas y ha ejercido la acusación popular en asuntos de enorme repercusión política y judicial. Algunas de esas actuaciones han prosperado; otras han sido archivadas.

Bernad insiste en una idea que repetirá varias veces durante esta conversación: denunciar no es condenar. Manos Limpias pone unos hechos en conocimiento de los tribunales cuando considera que pueden tener importancia penal; corresponde después a los jueces investigar, archivar, absolver o condenar.

En agosto de 2026 la organización mantiene abiertos varios frentes.

Uno afecta directamente a Extremadura: el requerimiento dirigido a la presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz para que reclame las cantidades que Manos Limpias considera indebidamente percibidas en relación con David Sánchez Pérez-Castejón y Luis María Carrero.

Otro se encuentra en Valencia y guarda relación con la investigación judicial de la DANA.

Pero cuando preguntamos cuál es ahora el asunto principal, la respuesta llega inmediatamente:

Ceuta.

El 3 de agosto Miguel Bernad presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un presunto delito de imprudencia grave, al entender que no adoptaron las medidas necesarias para impedir unos hechos que Manos Limpias considera atentatorios contra la independencia y soberanía de España.

El 11 de agosto presentó un segundo escrito.

En él sostiene que existieron advertencias previas procedentes de FRONTEX, del Centro Nacional de Inteligencia —CNI—, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas —CIFAS— y del propio presidente de Ceuta.

Y formula una acusación especialmente grave: sostiene que Grande-Marlaska faltó a la verdad cuando negó haber tenido información o alertas previas.

Pero Ceuta nos conduce inevitablemente a Marruecos.

Marruecos conduce al Sáhara Occidental.

Y el Sáhara nos devuelve a un episodio todavía envuelto en preguntas: el espionaje mediante Pegasus de los teléfonos del presidente del Gobierno y de varios ministros.

¿Quién lo hizo?

¿Qué información obtuvo?

¿Y qué ocurrió con ella?

Comenzamos.

«CEUTA ES ESPAÑA»

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.— Señor Bernad, Manos Limpias utiliza una palabra particularmente grave para referirse a lo sucedido en Ceuta: «invasión». ¿Por qué no habla sencillamente de una entrada masiva de inmigrantes ilegales?

MIGUEL BERNAD REMÓN.— Porque, a nuestro juicio, la magnitud de lo sucedido rebasa ampliamente un episodio ordinario de inmigración ilegal.

Cuando decenas de miles de personas se dirigen hacia una frontera española y el Estado se ve desbordado para impedir su entrada, estamos ante un problema que afecta directamente a la soberanía, a la seguridad nacional y a la capacidad del Estado para controlar su territorio.

No estoy juzgando individualmente a cada una de las personas que entraron.

Estoy hablando de lo sucedido en su conjunto.

Y debemos comenzar recordando algo elemental:

Ceuta es España.

Sus ciudadanos son españoles.

Su defensa corresponde a España.

Y su frontera es también frontera exterior de la Unión Europea.

LA PRIMERA PREGUNTA: ¿PUDO EVITARSE?

C.A.C.A.— Para Manos Limpias, la cuestión fundamental parece encontrarse antes de la entrada masiva: ¿pudo evitarse?

M.B.— Exactamente.

Ésa es la pregunta principal.

Para contestarla tenemos que reconstruir lo sucedido desde el principio.

¿Qué información existía?

¿Qué sabía FRONTEX?

¿Qué sabía el CNI?

¿Qué sabía el CIFAS?

¿Qué sabía la Guardia Civil?

¿Qué sabía el presidente de Ceuta?

¿Qué información recibió Interior?

¿Qué recibió Defensa?

¿Qué llegó a la Presidencia del Gobierno?

¿Quién informó a quién?

¿Cuándo?

¿Y qué hizo cada responsable después de recibir esa información?

DOS ESCRITOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

C.A.C.A.— El 3 de agosto presentó una denuncia contra Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Ocho días después, el 11 de agosto, presentó un nuevo escrito. ¿Qué había cambiado?

M.B.— Habían aparecido informaciones que, a nuestro juicio, reforzaban sustancialmente nuestra primera denuncia.

Nuestra tesis es que hubo distintos avisos previos.

Y eso cambia completamente la cuestión.

Ya no preguntamos solamente cómo reaccionó el Gobierno cuando comenzó la entrada masiva.

Preguntamos qué hizo antes, cuando existían advertencias sobre lo que podía ocurrir.

FRONTEX HABÍA ADVERTIDO

C.A.C.A.— En su escrito afirma que FRONTEX había advertido ya en junio de una presencia migratoria significativa. ¿Qué importancia tiene ese dato?

M.B.— Mucha.

Porque indicaría que el peligro no apareció repentinamente.

Si un organismo europeo encargado de las fronteras exteriores advierte de una concentración o presión migratoria significativa, esa información tiene que ser tenida en cuenta.

No significa necesariamente que pueda conocerse hasta el último detalle de lo que ocurrirá.

Pero sí significa que existe un riesgo y que hay que prepararse.

EL CNI

C.A.C.A.— Su escrito es todavía más rotundo respecto del CNI. Dice literalmente: «El CNI informó con tiempo suficiente. Se sabía por completo lo que iba a pasar». Es una afirmación muy tajante.

M.B.— Es la conclusión que nosotros extraemos de las informaciones que conocemos.

Y por eso la hemos llevado ante el Tribunal Supremo.

Ahora queremos que el Tribunal reclame la documentación.

Qué informes existían.

Cuándo fueron redactados.

Qué decían.

A quién fueron enviados.

Cuándo los recibieron sus destinatarios.

Y qué hicieron éstos después.

Ésa es la manera de comprobar nuestra denuncia.

CIFAS

C.A.C.A.— También cita expresamente al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

M.B.— Sí.

Y es importante porque no estaríamos hablando de una única advertencia aislada.

Según sostenemos, existían informaciones procedentes de FRONTEX, CNI, CIFAS y también advertencias desde Ceuta.

Cuando diferentes fuentes apuntan hacia un mismo peligro resulta mucho más difícil sostener que todo fue absolutamente imprevisible.

EL PRESIDENTE DE CEUTA

C.A.C.A.— También había advertencias del propio presidente de Ceuta.

M.B.— Así lo sostenemos.

Y tienen una importancia evidente porque procede de quien conoce directamente la situación sobre el terreno.

Por eso insistimos en reconstruir toda la cadena.

Quién avisó.

Qué dijo exactamente.

A quién se lo dijo.

Cuándo lo hizo.

Y qué respuesta recibió.

«SE SABÍA POR COMPLETO LO QUE IBA A PASAR»

C.A.C.A.— Permítame insistir. Usted dice: «Se sabía por completo lo que iba a pasar». ¿Qué ocurriría si el Tribunal Supremo comprobara que existían advertencias generales, pero que ninguna permitía prever una entrada de semejante magnitud?

M.B.— Tendríamos que aceptar lo que demostraran los documentos.

Una denuncia no es una sentencia.

Nosotros exponemos una tesis y pedimos que se investigue.

Si la documentación demuestra que nuestra interpretación es incorrecta, habrá que aceptarlo.

Pero queremos ver esa documentación.

«GRANDE-MARLASKA MINTIÓ»

C.A.C.A.— Llegamos a una de las puntualizaciones que usted ha querido hacer expresamente para esta entrevista. Grande-Marlaska sostuvo que no había tenido información ni había recibido alertas sobre la entrada masiva en Ceuta. Usted afirma que mintió. ¿Mantiene exactamente esa palabra?

M.B.— Sí.

La mantengo.

Grande-Marlaska negó que hubiera recibido información o alertas previas.

Nosotros sostenemos que esas alertas existieron.

Hablamos de FRONTEX, del CNI, del CIFAS y de advertencias procedentes de Ceuta.

Por tanto, si la documentación demuestra que esos avisos llegaron al Ministerio del Interior y que Grande-Marlaska los conoció, su afirmación no fue cierta.

C.A.C.A.— Pero «mentir» supone algo más que estar equivocado. Supone conocer la verdad y ocultarla conscientemente. ¿No debemos distinguir ambas cosas?

M.B.— Naturalmente.

Y precisamente eso debe investigarse.

Si los avisos existieron pero no llegaron al ministro, habrá que saber dónde se interrumpió la información y quién fue responsable.

Pero si se demuestra que Grande-Marlaska los conocía y posteriormente negó que existieran, entonces, a nuestro juicio, mintió.

No hay otra palabra.

DOCUMENTOS, NO PALABRAS

C.A.C.A.— Entonces la cuestión puede resolverse con documentos.

M.B.— Exactamente.

No queremos quedarnos en mi palabra contra la del ministro.

Queremos los informes.

Las fechas.

Los destinatarios.

Las comunicaciones.

Las constancias de recepción.

Eso permitirá determinar quién sabía qué y cuándo lo sabía.

MARGARITA ROBLES

C.A.C.A.— ¿Qué debe explicar Margarita Robles?

M.B.— Qué información recibió Defensa.

El CNI se encuentra bajo la responsabilidad política del Ministerio de Defensa y el CIFAS pertenece al ámbito militar.

Por tanto, queremos saber qué información llegó al Ministerio, cuándo llegó y qué se hizo con ella.

Eso no significa que las responsabilidades de todos sean iguales.

Hay que determinar la de cada cual.

¿Y LA DIRECTORA DEL CNI?

C.A.C.A.— Usted había anunciado también actuaciones respecto de la directora del CNI. Si se demuestra que el Centro hizo correctamente su trabajo y avisó al Gobierno, ¿rectificaría?

M.B.— Por supuesto.

Si el CNI obtuvo la información, elaboró los informes y los trasladó correctamente a quienes correspondía, habrá cumplido con su obligación.

Entonces habrá que seguir el recorrido de esos informes y comprobar qué ocurrió después.

No buscamos un culpable elegido de antemano.

Queremos saber dónde falló el Estado.

PEDRO SÁNCHEZ

C.A.C.A.— Finalmente llegamos al presidente del Gobierno. ¿Qué debe explicar Pedro Sánchez?

M.B.— Si recibió información.

Qué información recibió.

Cuándo la recibió.

Y qué hizo después.

El presidente del Gobierno dirige la política nacional.

Una crisis que afecta a una frontera española y a la soberanía nacional no es un asunto menor que pueda despacharse como una cuestión administrativa.

LA MARETA

C.A.C.A.— Usted ha sido crítico con la permanencia del presidente en La Mareta durante aquellos acontecimientos.

M.B.— Sí, aunque no quiero convertir el lugar donde estuviera físicamente en el centro del asunto.

Un presidente puede dirigir una crisis desde distintos lugares.

Lo importante es saber qué hizo.

¿Pidió información?

¿Reunió a los responsables de Interior y Defensa?

¿Ordenó reforzar Ceuta?

¿Habló con Marruecos?

¿Se adoptaron inmediatamente medidas extraordinarias?

Eso es lo importante.

¿IMPRUDENCIA GRAVE O MALA GESTIÓN?

C.A.C.A.— Permítame hacer de abogado del diablo. Un Gobierno puede gestionar pésimamente una crisis sin cometer necesariamente un delito.

M.B.— Naturalmente.

Una mala decisión política no es automáticamente un delito.

Una negligencia tampoco tiene necesariamente importancia penal.

Por eso acudimos al tribunal.

Nuestra tesis es que existía información suficiente sobre un peligro grave y que quienes tenían la obligación y los medios para actuar no adoptaron las medidas necesarias.

Corresponde al Tribunal Supremo determinar si eso tiene o no importancia penal.

«NO TODO LO IRRESPONSABLE ES DELITO»

C.A.C.A.— Y si no hubiera delito, ¿desaparecería toda responsabilidad?

M.B.— En absoluto.

No todo lo irresponsable es delito.

El Código Penal no es un manual de buen gobierno.

Puede no existir responsabilidad penal y existir una responsabilidad política enorme.

En España hemos cometido el error de pensar que mientras un político no sea condenado penalmente no tiene nada de qué responder.

Eso es absurdo.

LA AUDIENCIA NACIONAL Y EL TRIBUNAL SUPREMO

C.A.C.A.— En su escrito del 11 de agosto señala que el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional instruye diligencias relacionadas con estos hechos y pide que el Supremo reclame la causa por encontrarse implicadas personas aforadas.

M.B.— Exactamente.

Entre los denunciados hay aforados.

Por eso pedimos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que reclame las actuaciones que legalmente correspondan.

Lo razonable es que el órgano competente pueda examinar conjuntamente los hechos que afectan a esas personas.

MARRUECOS: LA OTRA MITAD DEL PROBLEMA

C.A.C.A.— Hasta ahora hemos hablado de España. Pero las personas que llegaron a Ceuta procedían de territorio marroquí. ¿Qué ocurrió al otro lado de la frontera?

M.B.— Ésa es la otra gran pregunta.

¿Qué sabían las autoridades marroquíes?

¿Qué hicieron?

¿Qué órdenes recibieron sus fuerzas?

¿Se reforzaron los controles?

¿Se redujeron?

¿Se retiraron efectivos?

¿Hubo conocimiento previo de lo que iba a ocurrir?

España tiene derecho a conocer las respuestas.

¿HUBO UNA ACTUACIÓN CONCERTADA?

C.A.C.A.— La Audiencia Nacional está indagando si pudo existir una actuación concertada. Si se demostrara que Marruecos permitió deliberadamente esos desplazamientos, estaríamos ante algo completamente distinto.

M.B.— Evidentemente.

Una cosa es que miles de personas decidan individualmente dirigirse hacia una frontera.

Otra muy distinta es que exista organización o que alguien retire deliberadamente los controles para permitirlo.

Si eso se demuestra, la cuestión dejaría de ser exclusivamente migratoria.

Afectaría directamente a las relaciones entre Estados y a la soberanía española.

¿PERSONAS UTILIZADAS COMO ARMA DE PRESIÓN?

C.A.C.A.— ¿Cree posible que Marruecos utilizara deliberadamente a miles de personas, incluidos menores, como instrumento de presión contra España?

M.B.— Es algo que debe investigarse.

No podemos afirmarlo como un hecho demostrado.

Pero sí podemos y debemos formular la pregunta.

Si un Estado permite conscientemente que miles de personas se dirijan contra la frontera de un país vecino para provocarle una crisis, estamos ante algo extremadamente grave.

Y además estaríamos hablando de utilizar seres humanos como instrumentos de presión política.

MOHAMED VI Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

C.A.C.A.— Iustitia Europa ha acudido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y ha pedido que se examine la posible responsabilidad del rey Mohamed VI, del primer ministro Aziz Akhannouch y de otras autoridades marroquíes. ¿Qué le parece?

M.B.— Que los hechos merecen ser investigados hasta donde corresponda.

Pero debemos hablar con precisión.

Presentar un escrito ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no significa que la Corte haya abierto una investigación contra Mohamed VI ni que haya declarado responsable a nadie.

Eso tendrá que decidirlo la propia Corte conforme a sus normas.

¿QUIÉN DIO LAS ÓRDENES?

C.A.C.A.— La cuestión fundamental vuelve a ser muy sencilla: si hubo órdenes, ¿quién las dio?

M.B.— Exactamente.

¿Qué instrucciones recibieron las fuerzas marroquíes?

¿Hubo modificaciones en los controles?

¿Quién las ordenó?

Si existió una actuación organizada, hay que seguir la cadena de mando hasta donde llegue.

No se puede decidir previamente dónde debe detenerse una investigación.

¿POR QUÉ MARRUECOS PODÍA ATREVERSE?

C.A.C.A.— Supongamos que se demuestra que hubo una actuación deliberada. Aparece entonces otra pregunta: ¿por qué Marruecos podía pensar que España no respondería con toda la firmeza necesaria?

M.B.— Los Estados conocen las fortalezas y las debilidades de sus vecinos.

Calculan hasta dónde pueden presionar.

España debe mantener buenas relaciones con Marruecos, naturalmente.

Pero buena vecindad no significa debilidad.

España debe dejar absolutamente claro que defenderá su soberanía y sus intereses.

EL SÁHARA OCCIDENTAL

C.A.C.A.— Y llegamos a otra de las puntualizaciones que usted ha querido introducir. En marzo de 2022 Pedro Sánchez cambió la posición española sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan marroquí de autonomía. Usted afirma que «cedió el Sáhara a Marruecos sin consultar al Congreso de los Diputados y contra las resoluciones de Naciones Unidas». ¿Qué quiere decir exactamente?

M.B.— Que Pedro Sánchez tomó una decisión de extraordinaria importancia sin haber obtenido previamente el respaldo del Congreso.

España había mantenido durante décadas una determinada posición respecto del Sáhara Occidental y al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Pedro Sánchez cambió esa posición y se acercó a la tesis marroquí.

Cuando digo que «cedió el Sáhara» hablo de una cesión política, naturalmente.

España no podía entregar jurídicamente a Marruecos un territorio cuya situación internacional continúa sin resolverse.

SIN CONSULTAR PREVIAMENTE AL CONGRESO

C.A.C.A.— Ésta es una cuestión importante. ¿Su reproche consiste en que un cambio de semejante trascendencia se hizo sin someterlo previamente al Congreso?

M.B.— Exactamente.

Una decisión de esa importancia no debería depender exclusivamente de la voluntad personal del presidente del Gobierno.

Afecta a nuestra política exterior, a nuestras relaciones con Marruecos, a nuestra responsabilidad histórica respecto del Sáhara y a los intereses nacionales de España.

El Congreso debía haber tenido voz.

NACIONES UNIDAS Y LA AUTODETERMINACIÓN

C.A.C.A.— Naciones Unidas continúa considerando el Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización y mantiene la autodeterminación del pueblo saharaui como elemento esencial del proceso.

M.B.— Exactamente.

Y por eso nosotros sostenemos que el cambio de Pedro Sánchez se apartó de la posición que España había mantenido y favoreció políticamente las pretensiones marroquíes.

No estamos hablando de una cuestión menor.

Estamos hablando de un conflicto internacional pendiente de solución desde hace medio siglo.

¿POR QUÉ CAMBIÓ SÁNCHEZ LA POSICIÓN ESPAÑOLA?

C.A.C.A.— Y llegamos a una pregunta para la que todavía parece no existir una respuesta satisfactoria: ¿por qué?

M.B.— Exactamente.

¿Por qué cambió Pedro Sánchez la posición española?

¿Qué conversaciones precedieron a ese cambio?

¿Qué pidió Marruecos?

¿Qué ofreció España?

¿Qué recibió España a cambio, si recibió algo?

¿Qué compromisos se adquirieron?

Los españoles tienen derecho a conocer las respuestas.

Y ENTONCES APARECE PEGASUS

C.A.C.A.— Es imposible llegar hasta aquí sin hablar de Pegasus. Los teléfonos del presidente del Gobierno y de varios ministros fueron infectados. Del teléfono de Pedro Sánchez se extrajo información. Años después seguimos sin saber judicialmente quién estuvo detrás.

M.B.— Y eso es gravísimo.

Estamos hablando del teléfono del presidente del Gobierno de España.

Desde el primer momento había que responder tres preguntas:

¿Quién lo hizo?

¿Qué información obtuvo?

¿Qué hizo con esa información?

Y seguimos sin tener respuestas completas.

¿MARRUECOS?

C.A.C.A.— Desde el principio hubo sospechas sobre Marruecos. ¿Debe investigarse esa posibilidad hasta el final?

M.B.— Naturalmente.

Pero debemos mantener el rigor.

Una sospecha no es una prueba.

Si Marruecos no tuvo nada que ver, debe quedar demostrado.

Y si tuvo algo que ver, España tiene derecho a saber exactamente qué ocurrió.

¿QUÉ HABÍA EN EL TELÉFONO DEL PRESIDENTE?

C.A.C.A.— Se habla continuamente de «datos». Parece una palabra casi inocua. Pero ¿qué puede obtener un servicio extranjero entrando en el teléfono del presidente de España?

M.B.— Información de enorme valor.

Conversaciones.

Mensajes.

Contactos.

Documentos.

Información diplomática.

Posiciones negociadoras.

Información sobre ministros y otros dirigentes.

No debemos pensar solamente en secretos personales.

Para un servicio de inteligencia extranjero, la información política, diplomática o estratégica puede valer muchísimo más.

«¿QUÉ SABE MOHAMED VI QUE NOSOTROS NO SABEMOS?»

C.A.C.A.— Voy a planteárselo crudamente. ¿Qué sabe Mohamed VI, o qué pueden saber los servicios marroquíes, sobre Pedro Sánchez y sus colaboradores que los españoles desconocemos?

M.B.— No lo sabemos.

Y ése es precisamente el problema.

Sabemos que el teléfono del presidente fue atacado.

Sabemos que se extrajo información.

No sabemos quién la obtuvo.

Mientras no conozcamos la respuesta, seguirá existiendo una cuestión de seguridad nacional sin resolver.

LA PALABRA MÁS INCÓMODA: CHANTAJE

C.A.C.A.— Permítame formular la pregunta como se formula en la calle. ¿Puede descartarse que quien consiguió esa información tenga a Sánchez y a algunos de sus colaboradores «cogidos por los huevos»? Dicho de manera menos castiza: ¿puede descartarse que exista alguna forma de presión o incluso chantaje?

M.B.— No podemos afirmar que exista chantaje porque no tenemos pruebas.

Eso debe quedar muy claro.

Pero precisamente porque no sabemos qué información se obtuvo ni quién la obtuvo, la pregunta es legítima.

Si una potencia extranjera consigue información reservada del presidente del Gobierno, la posibilidad de utilizarla para ejercer presión constituye un asunto de seguridad nacional.

Preguntarlo no significa afirmar que haya ocurrido.

PEGASUS, MARRUECOS Y EL SÁHARA

C.A.C.A.— Pero la sucesión de acontecimientos resulta, como mínimo, inquietante: espionaje mediante Pegasus; información extraída del teléfono del presidente; preguntas sin responder sobre la autoría; cambio posterior de la posición española sobre el Sáhara en favor del plan marroquí; y una relación con Rabat que sus críticos consideran extraordinariamente complaciente. ¿No resulta inevitable preguntarse si existe relación entre unas cosas y otras?

M.B.— Preguntarlo es legítimo.

Lo que no podemos hacer es dar la respuesta por conocida.

Hay que investigar.

Quién obtuvo la información de Pegasus.

Qué obtuvo.

Por qué cambió la posición sobre el Sáhara.

Qué conversaciones hubo con Marruecos.

Qué compromisos existen.

Y si existe alguna relación entre esos acontecimientos.

¿PUEDE ESTAR CONDICIONADA LA POLÍTICA ESPAÑOLA?

C.A.C.A.— Supongamos que algún día se demostrara que una potencia extranjera obtuvo información reservada y la utilizó para condicionar decisiones del Gobierno español. ¿Qué significaría?

M.B.— Sería de una gravedad extraordinaria.

Estaríamos hablando de soberanía nacional.

Un Gobierno español debe tomar sus decisiones atendiendo exclusivamente a los intereses de España.

Si una potencia extranjera pudiera condicionar esas decisiones mediante información obtenida ilegalmente, estaríamos ante una situación intolerable.

Pero, insisto, tendría que demostrarse.

¿QUÉ PIDE MANOS LIMPIAS AL TRIBUNAL SUPREMO?

C.A.C.A.— Después de todo lo hablado, resumamos. ¿Qué pide concretamente Manos Limpias al Tribunal Supremo respecto de Ceuta?

M.B.— Que investigue.

Que reclame los informes.

Que compruebe las fechas.

Que determine quién recibió cada advertencia.

Que averigüe quién sabía qué y cuándo lo sabía.

Y, sobre todo, que determine qué hicieron quienes tenían la obligación de actuar.

Después corresponderá al Tribunal decidir si existe alguna responsabilidad penal.

¿Y SI EL SUPREMO ARCHIVA?

C.A.C.A.— ¿Y si archiva la denuncia?

M.B.— Acataremos la resolución.

Recurriremos si jurídicamente procede.

Pero las resoluciones firmes se respetan.

Eso es el Estado de Derecho.

Lo que no significa que un archivo penal elimine automáticamente cualquier responsabilidad política.

DE CEUTA A BADAJOZ

C.A.C.A.— Cambiemos de escenario. Vayamos a Badajoz. Manos Limpias ha requerido a la presidenta de la Diputación Provincial, Raquel del Puerto, para que reclame determinadas cantidades relacionadas con David Sánchez Pérez-Castejón y Luis María Carrero. ¿Qué pretende exactamente?

M.B.— Que la Diputación defienda el dinero público.

Durante el procedimiento solicitamos la devolución de determinadas cantidades.

El tribunal entendió que Manos Limpias carecía de legitimación para reclamarlas en nombre de la Administración.

Por tanto, debe hacerlo quien tiene capacidad legal para ello: la propia Diputación.

«EL DINERO PÚBLICO NO ES DEL GOBERNANTE»

C.A.C.A.— ¿Ése es el fondo de su requerimiento?

M.B.— Exactamente.

El dinero público no pertenece al político que lo administra.

Pertenece a los ciudadanos.

Quien administra fondos públicos tiene la obligación de defenderlos.

¿Y SI LA DIPUTACIÓN NO RECLAMA?

C.A.C.A.— Usted anunció acciones judiciales contra la presidenta si no actuaba.

M.B.— Hemos formulado un requerimiento.

Si la Diputación considera que jurídicamente no procede reclamar, que lo explique y lo fundamente.

Nosotros estudiaremos sus argumentos.

Lo que no consideramos aceptable es que no se haga nada sin explicación.

LA DANA DE VALENCIA

C.A.C.A.— Otro asunto: Valencia. Usted ha señalado especialmente al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en relación con la DANA. ¿Por qué?

M.B.— Porque entendemos que debe investigarse quién tenía la información hidrológica.

Cuándo la tuvo.

Qué decía esa información.

Cómo se transmitió.

Y a quién se transmitió.

A nuestro juicio, la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar debe ocupar un lugar fundamental en la investigación.

Después serán los tribunales quienes determinen las responsabilidades.

«EL MÁXIMO RESPONSABLE NO FUE MAZÓN»

C.A.C.A.— Usted ha llegado a afirmar que el máximo responsable no fue Carlos Mazón, ni Salomé Pradas ni Emilio Argüeso, sino Miguel Polo. ¿No está anticipando una conclusión que corresponde a la Justicia?

M.B.— Es nuestra valoración a partir de la información que conocemos.

La responsabilidad penal, naturalmente, la determinan los tribunales.

Nosotros podemos sostener una tesis.

Los jueces decidirán si está fundada.

LA CRÍTICA A LOS JUECES

C.A.C.A.— Sus críticas a la instrucción han sido muy duras. ¿Dónde coloca la frontera entre criticar una decisión judicial y atacar la independencia de un juez?

M.B.— En respetar la ley.

Una resolución judicial puede criticarse.

Puede recurrirse.

Y si alguien considera que un juez ha cometido una irregularidad con importancia jurídica, existen procedimientos para denunciarla.

Lo que no podemos hacer es convertirnos nosotros mismos en jueces del juez.

¿PARA QUÉ SIRVE MANOS LIMPIAS?

C.A.C.A.— Después de todo lo hablado, permítame una pregunta incómoda. Si la Fiscalía, los tribunales, los órganos fiscalizadores y la oposición política funcionaran perfectamente, ¿haría falta Manos Limpias?

M.B.— Probablemente nuestra actividad sería mucho menor.

Pero la acusación popular está reconocida en nuestro ordenamiento.

Permite que los ciudadanos intervengan en determinados procedimientos en defensa de la legalidad.

No es una anomalía.

Es una garantía.

«USTEDES JUDICIALIZAN LA POLÍTICA»

C.A.C.A.— Sus detractores dicen que Manos Limpias lleva la política a los juzgados.

M.B.— Si un político adopta una decisión que no nos gusta pero es legal, hay que combatirla políticamente.

No en los tribunales.

Otra cosa es que existan indicios de delito.

Entonces el hecho de que el posible responsable sea un político no puede otorgarle inmunidad.

DENUNCIAR NO ES CONDENAR

C.A.C.A.— Hemos regresado varias veces a esta idea.

M.B.— Porque es fundamental.

Una persona denunciada sigue siendo inocente.

Una denuncia puede archivarse.

Una investigación puede terminar sobreseída.

Puede celebrarse un juicio y haber una absolución.

Eso es el Estado de Derecho.

Manos Limpias denuncia.

Los jueces juzgan.

LA ACUSACIÓN POPULAR

C.A.C.A.— ¿Teme que termine limitándose porque resulta incómoda para quienes gobiernan?

M.B.— Existe ese peligro.

Naturalmente hay que impedir abusos.

Pero una cosa es impedir abusos y otra vaciar de contenido un instrumento de control ciudadano.

Cualquier reforma debe hacerse con muchísimo cuidado.

¿ES INDEPENDIENTE LA JUSTICIA ESPAÑOLA?

C.A.C.A.— Después de tantos años en los tribunales, ¿cree que España tiene una Justicia verdaderamente independiente?

M.B.— España tiene muchísimos jueces independientes y magníficos profesionales.

El problema aparece con la influencia de los partidos políticos sobre determinados órganos.

La independencia judicial no puede limitarse a estar escrita en la Constitución.

Debe verse en el funcionamiento de las instituciones.

¿QUÉ CAMBIARÍA?

C.A.C.A.— ¿Por dónde empezaría?

M.B.— Por reducir drásticamente la influencia de los partidos políticos en los órganos de gobierno de la Justicia.

El ciudadano debe poder confiar en que una resolución responde a la ley y a las pruebas.

Cuando desaparece esa confianza, se deteriora el Estado de Derecho.

EL HILO QUE UNE TODOS ESTOS ASUNTOS

C.A.C.A.— Ceuta, Marruecos, Pegasus, el Sáhara, el CNI, Pedro Sánchez, David Sánchez, la Diputación de Badajoz, la DANA… Son asuntos aparentemente muy diferentes. ¿Existe un hilo común?

M.B.— Sí.

La responsabilidad del poder.

Cuanto mayor es el poder de una persona, mayor debe ser su obligación de rendir cuentas.

Un ciudadano corriente responde de sus actos.

Quien administra millones de euros o adopta decisiones que afectan a millones de españoles no puede estar sometido a una exigencia menor.

«¿QUÉ SABE MOHAMED VI QUE NOSOTROS NO SABEMOS?»

C.A.C.A.— Quiero terminar regresando al lugar donde confluyen muchas de las preguntas de esta entrevista. ¿Qué sabe Mohamed VI que nosotros no sabemos?

M.B.— No conocemos la respuesta.

Y precisamente ése es el problema.

Sabemos que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado mediante Pegasus.

Sabemos que se extrajo información.

No sabemos quién la obtuvo.

No sabemos exactamente qué información consiguió.

Y tampoco sabemos qué hizo con ella.

Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, España tendrá pendiente un asunto de seguridad nacional de enorme importancia.

«AL FINAL NO PASARÁ NADA»

C.A.C.A.— Y termino con una frase que probablemente pronunciarán muchos lectores al llegar hasta aquí: «Todo esto está muy bien, pero al final no pasará nada». ¿Qué les responde?

M.B.— Que si todos pensamos así, entonces sí que no pasará nada.

Los derechos sobreviven porque alguien los ejerce.

Podemos presentar una denuncia y que sea archivada.

Podemos perder un procedimiento.

Podemos equivocarnos.

La Justicia puede ser lenta.

Pero la alternativa es callarse.

Y cuando los ciudadanos dejan de pedir explicaciones, quienes ejercen el poder terminan creyendo que no tienen obligación de darlas.

Manos Limpias podrá acertar o equivocarse.

Los tribunales decidirán.

Pero mientras la ley nos permita acudir a ellos cuando consideremos que existen indicios suficientes, seguiremos haciéndolo.

Porque en una democracia nadie debe estar por encima de la ley.