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MANOS LIMPIAS DENUNCIA PENALMENTE A TEZANOS POR PRESUNTA PREVARICACIÓN, FALSEDAD DOCUMENTAL Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.
Miguel Bernad Remón, Secretario General del Sindicato Manos Limpias, presenta una denuncia dirigida a los juzgados de instrucción de Madrid contra el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos Tortajada, al que atribuye una presunta manipulación de las encuestas electorales para favorecer al PSOE de Pedro Sánchez.
Madrid, 16 de noviembre de 2026 —
El sindicato Manos Limpias, por medio de su Secretario General, Miguel Bernad Remón, presenta una denuncia penal contra el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos Tortajada, por la presunta comisión de tres delitos: prevaricación administrativa, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.
El escrito dirigido al Juzgado de Instrucción que por turno corresponda de Madrid, solicita la admisión de la denuncia y la apertura de las correspondientes diligencias penales para investigar la actuación del máximo responsable del organismo público encargado, entre otras funciones, de elaborar estudios sociológicos y encuestas electorales.
La denuncia se produce en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, convocadas mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre. BOE+1
Una diferencia electoral que exige explicaciones
El principal fundamento de la denuncia es la acusada discrepancia entre las estimaciones electorales del CIS y las publicadas por la mayoría de las empresas privadas de estudios de opinión.
El último estudio preelectoral del CIS, publicado el 12 de noviembre, concede al PSOE el 33,3 % de los votos, frente al 25,5 % del Partido Popular y el 18,4 % de Vox. La estimación sitúa a los socialistas 7,8 puntos por delante del PP y deja a la suma de populares y Vox por debajo de la mayoría absoluta de 176 diputados.
La diferencia resulta especialmente significativa al compararla con los estudios privados. Según la recopilación de Mapa Electoral, entre las dieciséis empresas que publicaron encuestas desde el 13 de octubre, quince situaron al PP por delante del PSOE. La media de los sondeos analizados concedía a los populares una ventaja aproximada de 3,6 puntos.
En consecuencia, no se trata de pequeñas diferencias estadísticas entre estudios demoscópicos. El CIS presenta un escenario electoral sustancialmente distinto del ofrecido por la mayoría de las empresas privadas.
Para Manos Limpias, esta divergencia constituye uno de los principales indicios que justifican la intervención judicial.
Manos Limpias acusa a Tezanos de utilizar el CIS al servicio de los intereses electorales del PSOE
El escrito sostiene que José Félix Tezanos mantiene una estrecha vinculación política con el Partido Socialista y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
La organización denunciante considera que esa relación política, unida a la reiterada orientación favorable al PSOE de las estimaciones publicadas por el CIS, obliga a investigar la utilización de los recursos públicos del organismo.
La denuncia atribuye a Tezanos la elaboración de encuestas destinadas a presentar una victoria socialista como escenario electoral preferente, pese a que la mayoría de las empresas privadas ofrecen previsiones diferentes.
Manos Limpias sostiene que la presunta manipulación no se limita a la publicación de resultados favorables al partido gobernante, sino que afecta a los procedimientos utilizados para transformar las respuestas de los entrevistados en estimaciones electorales.
Este aspecto resulta fundamental: una cosa es recoger las respuestas de los ciudadanos y otra muy distinta aplicar procedimientos estadísticos que modifican los porcentajes obtenidos hasta convertirlos en una estimación de voto.
El sindicato cuestiona precisamente esa segunda operación y reclama que se investigue si los métodos utilizados responden exclusivamente a criterios científicos o están condicionados por objetivos políticos.
La falta de publicidad completa de las operaciones empleadas para pasar de las respuestas directas a la estimación final añade importancia a la exigencia de transparencia metodológica. Mapa Electoral+1
Un organismo público financiado por todos los españoles
La denuncia incorpora igualmente el coste económico del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Según las cifras recogidas en el escrito, el CIS dispuso en 2025 de una dotación presupuestaria de aproximadamente 17,5 millones de euros, mientras que el presidente del organismo percibe una remuneración anual que la organización cifra en 120.000 euros.
Estas cantidades, aportadas por el denunciante, forman parte de su argumentación sobre la responsabilidad exigible a los responsables de las instituciones públicas.
Manos Limpias considera especialmente grave que fondos procedentes de los impuestos de los ciudadanos se destinen, presuntamente, a producir estudios que no responden a criterios de imparcialidad institucional, sino a los intereses electorales del partido gobernante.
El problema que plantea el sindicato trasciende, por tanto, la discrepancia entre encuestas.
La cuestión de fondo es determinar si una institución pública financiada por todos los españoles está cumpliendo su finalidad legal o está siendo utilizada como instrumento de propaganda electoral.
Tres presuntos delitos sometidos al examen judicial
La denuncia atribuye al presidente del CIS tres posibles infracciones del Código Penal.
Prevaricación administrativa, artículo 404. Manos Limpias solicita que se investigue si el denunciado ha adoptado resoluciones administrativas arbitrarias, a sabiendas de su injusticia, en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Falsedad en documento público, artículos 390 a 392. El sindicato reclama que se examine si la elaboración y publicación de los estudios demoscópicos ha comportado alguna alteración deliberada de datos o documentos jurídicamente relevantes.
Malversación de caudales públicos, artículos 432 a 435. La organización considera necesario investigar si los recursos económicos del CIS han sido destinados a fines partidistas ajenos a las funciones legalmente encomendadas al organismo.
Estas son las calificaciones penales propuestas por la organización denunciante. Su aplicación exige acreditar los elementos propios de cada delito. La discrepancia entre encuestas, por sí sola, no demuestra falsedad documental, prevaricación ni malversación.
La Justicia ante una cuestión de interés público
La iniciativa judicial de Manos Limpias plantea una cuestión que merece una respuesta documentada: ¿cómo se explica que el principal organismo público de estudios sociológicos presente una estimación electoral tan alejada de la mayoría de las empresas privadas?
La respuesta exige examinar los procedimientos de selección de muestras, las entrevistas realizadas, las ponderaciones estadísticas, los criterios de estimación y la documentación técnica utilizada para elaborar los resultados.
También exige determinar si las decisiones metodológicas responden a razones científicas verificables o si existen instrucciones, intervenciones o alteraciones destinadas a favorecer a una determinada formación política.
Precisamente por tratarse de un organismo público, la exigencia de transparencia resulta especialmente importante. Su financiación procede del erario, sus responsables ejercen funciones públicas y sus publicaciones influyen en el debate político nacional.
La existencia de distintas previsiones electorales es perfectamente compatible con el funcionamiento legítimo de las encuestas. Lo que Manos Limpias pretende someter a investigación judicial es la eventual existencia de una actuación deliberada para alterar sus resultados con fines partidistas.
Miguel Bernad solicita la apertura de diligencias penales
El escrito concluye solicitando al juzgado competente que admita la denuncia y acuerde la apertura de diligencias para esclarecer los hechos.
La petición se formula expresamente contra José Félix Tezanos Tortajada en su condición de presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.
La denuncia abre así un nuevo frente de controversia sobre la independencia de las instituciones públicas y la utilización de sus recursos durante la campaña electoral.
Porque, más allá de las simpatías políticas de cada cual, los españoles tienen derecho a conocer cómo se elaboran las encuestas que financian con sus impuestos, quién decide sus métodos y qué garantías existen frente a una eventual manipulación.
Las encuestas no eligen gobiernos. Los ciudadanos, SÍ. Y ningún organismo público debe sustituir la voluntad de los electores por los intereses de quienes ocupan temporalmente el poder.
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