NUEVA SEDE NACIONAL: C/ Altamirano, 50 -1er. Piso 28008 MADRID.
DELEGACIÓN: Plaza del corrillo, 19 piso 1º, 37002 Salamanca
COMISIÓN EUROPEA
AL CONSEJERO DE JUSTICIA
P.º de la Castellana, 46, Salamanca, 28046 Madrid
Miguel Bernad Remón con D.N.I xxxx, con domicilio en la calle xxxx, en su condición de Secretario General del Sindicato Manos Limpias que por medio del presente escrito, formulo:
DENUNCIA
Contra la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial como responsable máxima de una actuación SECTARIA, PARTIDISTA Y DISCRIMINATORIA, en la tramitación del inicio de un expediente sancionador contra el juez del Juzgado de Instrucción NO 41 de Madrid, Peinado.
LEGITIMACIÓN
El denunciante está legitimado en la instrucción que el juez Peinado está llevando a cabo en el caso Begoña Gómez, no solo por haberse iniciado en proceso como consecuencia de la denuncia de Manos Limpias, sino también al estar personado como acusación popular.
RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS
PRIMERO: En el día de hoy, 22 de Junio de 2026, el Consejo General del Poder Judicial, con el voto de calidad de la denunciada, abre o inicia un expediente sancionador contra el juez Peinado del Juzgado NO 41 de Madrid, en la causa que está instruyendo contra la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez
SEGUNDO: Se inicia con el voto de calidad de la denunciada y con el voto en contra de 4 magistrados, el inicio de un expediente sancionador, APRESURADO, EXPRÉS, VELOZ, como si se tratara de un hecho delictivo donde el denunciado (el Juez Peinado) hubiera cometido un delito infraganti.
Cabe hacerse una pregunta que tiene su respuesta: ¿Dónde está la urgencia de ese procedimiento exprés para iniciar un procedimiento sancionador contra el juez? La respuesta no admite dudas, había que crear un clima de que se trata de un juez que no está capacitado para llevar una instrucción donde se le acusa de manera deliberada y dolosa
que está instruyendo una causa contra Begoña Gómez por ser la esposa del Presidente del Gobierno. Semejante falsedad y argucia, no tiene precedentes.
TERCERO: Este hecho insólito, instado y promovido por el poder ejecutivo con su brazo ejecutor, el Ministro Marlaska, supone una intimidación sin precedentes en la actuación a un órgano jurisdiccional.
CUARTO: El expediente tiene su causa y consecuencia en un auto del juez Peinado sobre medidas cautelares, donde se interpreta por parte del poder ejecutivo que se ha puesto en entredicho, la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
QUINTO: Se inmoviliza todo el aparato estatal, prensa, radio y televisiones subvencionados y servibles al Ejecutivo para tratar de EMPONZOÑAR un proceso que se ha desarrollado con todas las garantías para la esposa del Presidente del Gobierno.
SEXTO: A ello, se ha prestado la denunciada con los votos de los magistrados afines a su ideología para incoar por primera vez en la historia del Consejo General del Poder judicial, el inicio de un expediente sancionador contra el juez que está instruyendo la causa contra la esposa del Presidente del Gobierno, de manera exprés y vertiginosa.
SÉPTIMO: Las descalificaciones de miembros del gobierno, destacando la del Ministro de Justicia contra el Juez Peinado, incluso la interposición de varias querellas para reventar el proceso, demuestran de una manera clara y evidente, la injerencia intolerable del ejecutivo en el referido proceso.
DISCRIMINACIÓN Y SECTARISMO CLAMOROSO
Un hecho relevante y que avala esta denuncia, la tenemos en el comportamiento del Consejo General del Poder Judicial en el caso de la denuncia formulada por el sindicato Manos Limpias, contra la jueza de Catarroja Nuria Tobarra, Titular del Juzgado de Instrucción NO 3 de Catarroja, y de su marido Jorge Martinez, magistrado del juzgado de Instrucción NO 4 de Valencia, en el conocido caso de la DANA, donde por hechos gravísimos se tomó declaración a afectados por parte del marido de la jueza de la DANA, sin estar habilitado para ello y donde se procedió la apertura de diligencias previas pasados 10 días y donde en la actualidad, el expediente sancionador se encuentra paralizado.
LA CREDIBILIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL HA QUEDADO TOTALMENTE DESACREDITADA.
El órgano de administración de jueces y tribunales, ha demostrado con su actual Presidenta, la denunciada, se ha doblegado ante la presión del Poder Ejecutivo para incoar un expediente disciplinario a un juez, vulnerando las reglas de un Estado Democrático y del Estado de Derecho.
Que acepte ipso facto una denuncia o queja del Ministro del Interior de manera prácticamente automática en menos de 24 horas, saltándose la tramitación de unas diligencias previas que directamente tendrían que iniciarse por el promotor de la acción disciplinaria, pone de relieve esa presión así mismo al propio promotor de la acción disciplinaria que se ve compelido a iniciar de forma exprés un procedimiento sancionador.
Ponemos estos hechos en conocimiento no solo de la Comisión Europea sino también del Comisario Europeo porque el retroceso del Estado de Derecho en España, culmina de una manera flagrante cuando se está tratando de proteger a la esposa del Presidente del Gobierno con actuaciones propias de regímenes totalitarios.
La actuación de la denunciada y de los magistrados que votaron a favor de manera exprés para iniciar ese procedimiento sancionador, sí que podrían tener una presunción de un comportamiento que podría encajar en una de las faltas disciplinarias recogidas en el régimen sancionador de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El daño a la sociedad española, el daño a las instituciones, el daño a la independencia judicial y el daño a los principios básicos de creación a la Unión Europea, han alcanzado un límite sin precedentes, con esta actuación sectaria, partidista y discriminatoria que vulnera el principio de que no somos todos iguales ante la ley.
En su virtud,
SOLICITO de esa Comisión y de ese Comisario de Justicia: Proceda a la apertura de un expediente de investigación sobre un hecho gravísimo que ha vulnerado los fundamentos de nuestro Estado de Derecho.
Es justicia que pido en Madrid a 22 de junio de 2026
Miguel Bernad Remón, Secretario General de Manos Limpias
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